“Amenazas, agresiones y estigmatización regional se repiten en Pujilí y Latacunga mientras las autoridades callan y los negocios clandestinos operan sin control.”
Por Ivonne Espinosa de Chóez
Periodista Profesional – Directora de Theios Parrhesía – Evolución de Informa-Te Ve LATAM
En el cantón Pujilí y en distintos sectores de la provincia de Cotopaxi y de la sierra centro se está consolidando una peligrosa normalización de la violencia, la intimidación y la discriminación contra personas foráneas, particularmente contra ciudadanos provenientes de la Costa. Esta denuncia no busca enfrentar pueblos ni regiones —la mayoría de la gente honesta no es responsable—, sino visibilizar conductas concretas, omisiones institucionales graves y patrones reiterados de agresión que vulneran derechos fundamentales y que el Estado está obligado a detener. Los hechos ocurridos en el sector El Capulí, donde un sujeto en motocicleta siguió, amenazó y agredió verbalmente a ciudadanos, golpeando su vehículo e identificándose como trabajador de una mecánica clandestina, no son episodios aislados: son síntomas de un problema estructural que ha sido tolerado por demasiado tiempo.
A esta agresión se suma un segundo hecho ocurrido en Latacunga, donde mujeres bloquearon ilegalmente un estacionamiento público para “guardar puesto” a un tercero que llegó en un vehículo de alta gama. Al exigir el uso legítimo del espacio, los afectados fueron insultados, estigmatizados y acusados de ser “ladrones” y “delincuentes” y otros epítetos, únicamente por su origen regional. La violencia verbal, el prejuicio y el señalamiento sin prueba constituyen formas de discriminación prohibidas por la Constitución, y lo más grave es que ni la Policía Nacional ni las autoridades de tránsito intervinieron para garantizar derechos, evidenciando una inacción que raya en la complicidad por omisión. Cuando la autoridad mira a otro lado, el agresor se siente legitimado y la víctima queda desprotegida.
Desde el ámbito legal, estos hechos vulneran la Constitución del Ecuador (igualdad ante la ley, no discriminación, seguridad jurídica y libre circulación), el Código Orgánico Integral Penal (amenazas, intimidación, agresiones y daños), y compromisos internacionales asumidos por el Estado ecuatoriano como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obligan a prevenir, investigar, sancionar y reparar. A nivel local, es ineludible señalar la responsabilidad de los municipios, en especial el de Pujilí, por la falta de control efectivo de negocios y locales clandestinos, que operan sin permisos, fuera de la ley, y que se convierten en focos de informalidad, violencia y amenazas contra la ciudadanía.
Como medio digital y comunitario de inspiración católica, afirmamos con claridad: la dignidad humana no tiene provincia, acento ni origen. La Doctrina Social de la Iglesia es inequívoca al defender a la persona frente al abuso, al poder arbitrario y a toda forma de discriminación. Por ello, exigimos públicamente a la Fiscalía General del Estado que inicie investigaciones serias, diligentes y sin sesgos; a la Defensoría del Pueblo que active mecanismos de protección y seguimiento frente a actos discriminatorios; y a los medios nacionales que rompan el cerco del silencio y visibilicen lo que ocurre en Cotopaxi antes de que la violencia escale a hechos irreparables.
Este editorial es también un mensaje de protección y respaldo a los foráneos que transitan, trabajan o viven en la provincia: no están solos, sus derechos son constitucionales y su dignidad es inviolable. Rechazamos con firmeza cualquier intento de justificar el abuso bajo prejuicios regionales. La paz social no se construye con miedo ni con insultos, sino con ley, justicia y verdad. Cuando el Estado calla, la sociedad debe hablar. Cuando la autoridad falla, la conciencia no puede rendirse.
La violencia no es costumbre. La discriminación no es cultura.
La justicia no es opcional.
Como comunidad católica y medio comprometido con la verdad, recordamos que la violencia y la discriminación no solo son faltas sociales: son pecado cuando se vuelven costumbre y sistema. La Palabra de Dios es clara: “No maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros” (Éxodo 22,21). Y también: “Dios no hace acepción de personas” (Hechos 10,34). Por ello, nadie puede justificar el insulto, la amenaza o el desprecio al foráneo con excusas regionales, culturales o económicas. Cuando se acusa sin pruebas, se destruye la honra; cuando se calla ante la injusticia, se legitima al agresor.
La Iglesia enseña con firmeza que la dignidad de toda persona es inviolable y que ninguna sociedad puede llamarse justa si permite que unos vivan con miedo mientras otros ejercen poder con violencia. El Catecismo recuerda que “la igualdad entre los hombres se funda esencialmente en su dignidad personal” (CEC 1935) y que “la dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios” (CEC 1700). Además, el Magisterio exhorta a rechazar toda forma de desprecio: “El racismo es un virus que muta fácilmente y, en vez de desaparecer, se esconde, pero siempre acecha” (Fratelli Tutti, 97). Y nos recuerda que la fraternidad no es un adorno, sino un deber moral y social.
Por eso, desde este espacio exigimos a las autoridades que actúen sin demora, porque la justicia tardía también es injusticia. La Escritura nos interpela: “Aprendan a hacer el bien; busquen la justicia; reprendan al opresor; defiendan al huérfano, aboguen por la viuda” (Isaías 1,17). Y nos advierte: “¡Ay de los que dictan leyes injustas y escriben decretos opresores!” (Isaías 10,1). Que nadie se engañe: el silencio institucional ante la violencia es una forma de abandono, y el abandono frente a la discriminación es una herida directa al corazón del Evangelio.
No es costumbre: es delito. No es “carácter”: es violencia. No es “regionalismo”: es discriminación.
Y frente a eso, como cristianos, no callamos.
Theios Parrhesía
Sello: Sal y Fuego
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