Técnico de la prefectura de Tungurahua conversando amenamente y usando la misma laptop que la técnico ambiental de la Curtiembre Cando y Aldás. Informa-Te Ve LATAM.
Ambato, 20 de mayo de 2025 – La injusticia ambiental continúa afectando a la provincia de Tungurahua. En la parroquia Huachi Totoras, del cantón Ambato, más de 500 familias campesinas han denunciado por mucho tiempo la presencia de la curtiembre Cando y Aldás, que opera ilegalmente en un terreno clasificado como de uso exclusivamente agrícola, según la Ordenanza Municipal del Cantón Ambato, que establece de manera clara y categórica que la parroquia Totoras corresponde a zona de uso agrícola rural, prohibiéndose en ella actividades industriales contaminantes como curtiembres.
Esta grave irregularidad ya ha afectado a las comunidades de Salasaka, Chiquicha y El Rosario del cantón Pelileo, debido a la contaminación de fuentes hídricas como la quebrada Morejón y el río Pachanlica, los cuales riegan extensas zonas agrícolas.
Contaminación que trasciende las fronteras rurales
Lo más alarmante de este caso no es únicamente el daño ambiental directo, sino su impacto en la salud pública. Las parroquias afectadas son importantes centros de producción agrícola, cuyos productos —como hortalizas, legumbres, frutas y granos— se venden en los principales mercados de Ambato, Pelileo, Quero, Cevallos y otros cantones tungurahuenses.Esto significa que miles de consumidores podrían estar expuestos de manera indirecta a los efectos de esta contaminación, al consumir productos regados con agua contaminada por metales pesados como plomo y cadmio, cuya presencia no fue descartada ni analizada en el informe ambiental presentado por la empresa.
El Ing. Ambiental Jorge Chóez, representante comunitario, advirtió con pruebas claras durante la reunión consultiva realizada el 17 de mayo convocada por la Prefectura de Tungurahua, que los informes presentados por la curtiembre son incompletos, sesgados y carentes de parámetros clave, como la medición de metales traza, vitales para la salud humana.
El Ing. Ambiental Jorge Chóez Pin, Mgs, representante de las comunidades de Totoras, Salasaka y otras comunidades afectadas, demuestra con pruebas la falsedad y omisiones encontrados en el estudio ambiental de la Curtiembre Cando y Aldás que se pretende viabilizar y otorgar permiso de funcionamiento pese a que hace más de un año lo hace de manera ilegal y que la Curtiembre no ha cumplido ninguna de las ofertas realizadas hace más de un año y pese a que viola la ley sobre el uso de suelo que delimita a Totoras como zona agrícola.
A pesar de la contundencia de las pruebas y denuncias, las funcionarias técnicas de la prefectura no registraron en acta las observaciones de la comunidad, omitiendo deliberadamente los cuestionamientos técnicos y dejando constancia de una alarmante parcialización institucional. Esta omisión se suma al trato irrespetuoso e intimidatorio por parte de los representantes de la curtiembre durante la reunión, conducta que no fue contenida por las autoridades presentes.
Legalidad pisoteada
La presencia de la curtiembre en Totoras viola la Ordenanza de Zonificación del Municipio de Ambato, que especifica que:
“Los terrenos de la parroquia Huachi Totoras son considerados suelo agrícola de uso exclusivo rural, quedando prohibida la instalación de industrias de alto impacto ambiental en dicha zona.”
Asimismo, contraviene normas de jerarquía nacional e internacional:
- Constitución del Ecuador (2008)
- Art. 14: Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
- Art. 32 y 66: Derecho a la salud y protección contra contaminación.
- Art. 71: Derechos de la Naturaleza.
- Ley Orgánica del Ambiente
- Prohíbe la actividad contaminante en zonas agrícolas sin estudios técnicos rigurosos y licenciamiento ambiental.
- Convenio de Basilea, Convenio de Minamata
- Regulan el manejo de residuos peligrosos y metales pesados.
- Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 25)
- Garantiza el derecho a una vida digna, salud y alimentación segura.
- Convenio 169 de la OIT
- Protege el derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios y recursos naturales.
Comunidades preparan acciones legales
“Si la Prefectura no actúa en defensa del pueblo, tomaremos todas las vías legales nacionales e internacionales necesarias. No vamos a permitir que por diez trabajadores de una curtiembre ilegal se contaminen nuestras aguas, tierras y los alimentos que nutren a miles de tungurahuenses”, expresó uno de los líderes de Salasaka.
La contaminación del agua de riego no solo afecta a los agricultores que han visto dañadas sus cosechas, sino también a miles de ciudadanos que consumen diariamente estos productos contaminados sin saberlo, abriendo la puerta a enfermedades crónicas por acumulación de metales pesados.
¿Complicidad o negligencia?
La actitud de la Prefectura de Tungurahua ha levantado sospechas de complicidad. Una de sus funcionarias incluso intentó desacreditar al representante de la comunidad, negando declaraciones previas y contradiciendo su propio discurso en medio de la reunión, lo que fue catalogado como difamación e intento de encubrimiento.
Frente a la gravedad del caso, las comunidades exigen:
- La revocatoria inmediata del permiso de funcionamiento de la curtiembre.
- Una auditoría ambiental independiente.
- El saneamiento de las fuentes hídricas contaminadas.
- Reparación integral a los afectados.
Este es un caso que debe movilizar a la sociedad civil, autoridades honestas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos a nivel nacional. Tungurahua no puede convertirse en una zona de sacrificio ambiental.
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