Imagen de la carpa con la fiesta escandalosa que está colocada en plena calle en Urbanización El Capulí y los policías de Pujilí mienten que están en predio privado y que por eso no intervienen.

 

EN PUJILI NI TODA LA SIERRA CENTRO NO EXISTEN LOS DERECHOS EXCEPTO PARA LOS INDÍGENAS SEGÚN LOS POLICÍAS DE PUJILÍ.

 

Cotopaxi, Ecuador.

Habitantes del cantón Pujilí, en la provincia de Cotopaxi, han denunciado públicamente una serie de hechos que comprometen gravemente el accionar de la Policía Nacional acantonada en esta jurisdicción, por omisión de funciones, discriminación étnica, abuso verbal y permisividad frente a fiestas escandalosas con consumo de alcohol en la vía pública.

Policía de Pujilí miente que esta fiesta que fue denunciada por nosotros se realiza en una propiedad privada y como se ve en el vídeo es una fiesta privada pero realizada en una calle públicaal norte de Pujilí, Cotopaxi lo cual es TOTALMENTE PROHIBIDO Y PENADO POR LA LEY.

Según el 911, nos indicaron que los policías de Pujilí alegaron que es una fiesta de Confraternidades indígenas,, como si eso es argumento legal para escandalizar y que estos no procedan conforme a la ley. Es una zona urbana en la cual todo ciudadano independientemente de la raza, origen o idioma tenemos los mismos derechos, sin embargo, se justifica el escándalo de todos los fines de semana con borrachera. Pujilí es un sitio peligroso para vivir y visitar para cualquier foráneo, aquí la Policía Nacional no ejerce, solo defiende los intereses de los indígenas pese a que no es una comuna.

 

Según las declaraciones ciudadanas, se han registrado múltiples ocasiones en las que se ha llamado al 911 por amenazas y alteración del orden público, como ocurrió recientemente cuando un individuo en estado de embriaguez profirió amenazas de muerte. Aunque un policía acudió al llamado, este expresó que no podía intervenir debido a que “la zona está habitada mayoritariamente por población indígena” y que, según sus propias palabras, “son belicosos y peligrosos”, prefiriendo no actuar “por seguridad de los uniformados”.

Décima llamada al 911 donde aparentemente se comunican con la Policía de Pujilí y estos alegan que van a parar la fiesta escandalosa en la vía pública y no es cierto.

 

Este tipo de justificaciones no solo revela una grave omisión de deberes, sino que configura un acto de discriminación institucional, contrario al deber de imparcialidad que rige la función pública y policial.

Conductor ebrio chocó a otro vehículo en plena avenida José María Velasco Ibarra.

 

En otro incidente, ciudadanos denunciaron una fiesta privada en la vía pública que generaba escándalos y libaciones. Al comunicarse con la Policía a través del número directo 115, se recibió una atención inicial, pero al poco tiempo los patrulleros se retiraron y el desorden continuó. Las llamadas posteriores fueron respondidas con evasivas, hostilidad e incluso comentarios groseros por parte de operadores, presuntamente uniformados, quienes afirmaron que “no tenían por qué impedir una fiesta en la vía pública” y descalificaron la denuncia ciudadana. En un caso, una operadora alegó falsamente que la fiesta privada denunciada “contaba con permisos”, y ante la solicitud de los denunciantes para que informara quién los emitió, simplemente cortó la llamada.

Fiesta del sábado 28 de junio la cual duró hasta las 05h00 del domingo 29 de junio.

 

Los ciudadanos afectados han señalado que estas actitudes reflejan una cultura de impunidad, temor o corrupción, ya que las autoridades policiales locales no garantizan el cumplimiento de la ley cuando los infractores pertenecen a ciertos grupos, mientras que los foráneos, migrantes internos y personas provenientes de la Costa —o de otras provincias— son tratados con desprecio, desprotección o silencio institucional.

Novena llamada al 911 y no va ningún policía de Pujilí a hacer cumplir la ley y defender nuestros derechos.

 

FUNDAMENTO LEGAL Y VIOLACIÓN DE DERECHOS

Esta situación contraviene principios fundamentales de la Constitución de la República del Ecuador, que en su artículo 11, numeral 2, prohíbe toda forma de discriminación por razones de origen étnico, lugar de nacimiento, género u orientación. Asimismo, el artículo 393 establece que el Estado garantizará la seguridad humana mediante políticas que respeten los derechos humanos, y que la actuación de la fuerza pública debe regirse por la legalidad, proporcionalidad y equidad.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el escándalo en la vía pública (art. 396) y penaliza a los funcionarios que omitan cumplir sus funciones (art. 277). Además, la concusión (art. 280) y la prevaricación (art. 285) son delitos que pueden acarrear penas privativas de libertad para servidores públicos, incluida la Policía Nacional.

 

Tras cinco horas de espera a las 00h30 del día siguiente, un policía pujilense alegando que su turno empieza a medianoche, exige que demos ubicación de la fiesta, cuando tenemos 7 grados centígrados de temperatura.

 

De igual forma, tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 3 y 7) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 24) garantizan el derecho a la seguridad, la igualdad ante la ley y la protección sin discriminación.

DENUNCIA FORMAL Y LLAMADO A LA ACCIÓN

Frente a estos hechos, los ciudadanos afectados han presentado sus denuncias ante la Fiscalía General del Estado, la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, y la Defensoría del Pueblo, exigiendo una investigación profunda sobre el comportamiento de los uniformados de la Policía de Pujilí y de otras provincias con patrones similares, como Tungurahua y Chimborazo, donde también se reportan omisiones, hostigamientos y actitudes discriminatorias contra foráneos.

Además, se advierte que este tipo de prácticas ponen en grave riesgo el principio de justicia e igualdad garantizado por el Estado, y que de no ser corregidas, constituyen una amenaza directa a la convivencia pacífica, a la institucionalidad y al propio Estado de derecho.

LLAMADO AL MINISTERIO DE TURISMO Y A LAS AUTORIDADES NACIONALES

En este contexto, se solicita formalmente al Ministerio de Turismo que se abstenga de continuar promocionando al cantón Pujilí y a la región de la Sierra Centro como destinos turísticos seguros, mientras no se garantice un trato igualitario y una actuación real, efectiva y legal de las fuerzas del orden.

“Exigimos que se emita un pronunciamiento público donde se advierta que Pujilí y varias localidades de la Sierra Centro del Ecuador representan actualmente un riesgo para los foráneos, migrantes internos y turistas, porque no se respetan sus derechos ni se garantiza su seguridad. No se puede promover el turismo sobre una base de falsa paz y seguridad aparente, cuando la realidad evidencia lo contrario”, afirman los denunciantes.

Funcionario municipal, Byron Cajas, en total abuso de autoridad fue a nombre del alcalde de Pujilí, José Arroyo, junto con personal de la Empresa Eléctrica de Cotopaxi ELEPCOSA a tirar los cables de energía eléctrica, internet y telefonía fija sin previo aviso. El abuso contra los foráneos es común y que violenta los derechos de quienes por razones personales hemos decidido emigrar a la sierra ecuatoriana en busca de salud y tranquilidad, algo que no existe aquí.

 

UNA EXIGENCIA DE JUSTICIA Y VERDAD

Esta denuncia pública no busca confrontación, sino verdad, justicia y responsabilidad. La ciudadanía tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a ser escuchada y protegida, y a confiar en las instituciones. La ley es una sola y debe aplicarse para todos, sin temor, sin discriminación y sin preferencias.

Vivir en paz es un derecho. Protegerlo, es un deber.