Imagen de miembros de la Policía Nacional de Ecuador, tomado de la cuenta de Flickr del Ministerio de Gobierno Ecuador – año 2012.

 

Introducción

 

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados” (Mt 5,6).
El Evangelio nos recuerda que la justicia es pilar de toda sociedad. Sin embargo, en Pujilí, provincia de Cotopaxi, la justicia brilla por su ausencia. Lo que debería ser un espacio de paz y convivencia, se ha transformado en un escenario de caos, impunidad y discriminación amparada, paradójicamente, por quienes juraron defender la ley: la Policía Nacional del Ecuador.

 

Los hechos

 

Durante varios fines de semana consecutivos, los habitantes de Pujilí han soportado fiestas clandestinas en plena vía pública: carpas atravesadas en la calle, parlantes a alto volumen hasta altas horas de la madrugada y libadores consumiendo alcohol libremente en espacios comunitarios. Esta realidad no es esporádica, sino constante.

Ante la evidencia, se realizaron llamados al ECU 911 y al 115 del destacamento policial de Pujilí, solicitando la intervención inmediata de la fuerza pública. La respuesta fue la presencia de uniformados que, lejos de cumplir su deber constitucional de garantizar el orden, la seguridad y el respeto a la convivencia ciudadana, decidieron no actuar.

En dos ocasiones se presentó la denuncia formalmente ante la Jefatura de Policía de Cotopaxi. Ambas fueron desestimadas y archivadas, negando incluso la gravedad de la falta en la acción policial. Este hecho constituye no solo negligencia, sino una afrenta contra la confianza ciudadana y una señal de discriminación.

 

El trasfondo: discriminación y abuso de autoridad

 

Lo ocurrido en Pujilí no es un hecho aislado. En Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi se repite un patrón preocupante: los foráneos, especialmente los ciudadanos costeños y extranjeros, somos tratados como ciudadanos de segunda clase. Mientras tanto, quienes liban en la vía pública y alteran el orden son protegidos por la policía, en abierta violación a la Constitución de la República del Ecuador.

Se ha denunciado persecución selectiva en las vías hacia vehículos con placas de la costa, así como episodios de difamación, persecución e incluso delitos de odio y discriminación racial por parte de algunos uniformados. Lo ocurrido en Píllaro, Ambato y ahora en Pujilí muestra un patrón de abuso de autoridad que debe ser investigado y sancionado.

 

El marco legal vulnerado

 

1. Constitución de la República del Ecuador
   • Art. 11: Principio de igualdad y no discriminación.
   • Art. 66 numeral 4: Derecho a la igualdad formal, material y a no ser discriminado por origen, lugar de nacimiento, etnia o condición social.
   • Art. 393: El Estado garantizará la seguridad humana a través de la Policía Nacional.
2. Código Orgánico Integral Penal (COIP)
   • Art. 385: Prohibición de libar en espacios públicos y sanción correspondiente.
   • Art. 385.1: Obligación de la Policía de restituir el orden público.
   • Art. 332: Abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos.
3. Instrumentos internacionales
   • Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.
   • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 26).

Posibles sanciones para los policías negligentes

 

De acuerdo con la Ley de la Policía Nacional y el COIP, los uniformados que no cumplen su deber de retirar libadores de la vía pública, impedir fiestas ilegales y garantizar la paz ciudadana, pueden ser sancionados con:

• Suspensión temporal de funciones.
• Destitución definitiva.
• Procesos penales por omisión de deberes y abuso de autoridad.
• Responsabilidad civil y administrativa por los daños causados a los denunciantes.

La mirada cristiana

 

Desde la fe católica, la negligencia frente al mal es también complicidad. Cuando un servidor público protege al infractor y desprecia al ciudadano que exige justicia, incurre en un pecado social. El Catecismo enseña que el escándalo es “una actitud o comportamiento que induce a otros a obrar mal” (CEC 2284). En este caso, el escándalo no lo provocan solo los libadores, sino también quienes deberían frenarlos y, en cambio, los amparan.

 

Llamado urgente

 

Pedimos que la sierra centro del país sea declarada zona peligrosa para los foráneos, hasta que se restituyan las garantías constitucionales.

Exigimos sanciones ejemplares contra los policías cómplices de discriminación, abuso de autoridad, violación de los derechos humanos y persecución selectiva.

Que se abra una investigación transparente y que la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales de derechos humanos asuman el caso.

La patria no puede seguir siendo cómplice de la impunidad. El silencio es el terreno fértil de la injusticia, y los cristianos estamos llamados a ser voz profética frente al abuso. Como dice el profeta Isaías: “¡Ay de los que absuelven al culpable por soborno y niegan justicia al inocente!” (Is 5,23).

 

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