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Un caso que revela una herida nacional

 

En el Ecuador, miles de profesionales han entregado años de esfuerzo, recursos y sacrificio para alcanzar títulos de cuarto nivel que les permitan crecer en sus carreras y contribuir con el desarrollo del país. Sin embargo, un problema estructural dentro de las instituciones encargadas de la educación superior ha dejado a muchos de ellos atrapados en la trampa de la burocracia, la negligencia y la impunidad administrativa.

El caso de un ingeniero ambiental que prefiere reservar su nombre, quien culminó con excelencia la Maestría en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, Ambiente y Seguridad en la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) en el año 2012, es un ejemplo doloroso y revelador. Aunque el pensum académico de dicho programa estaba claramente vinculado con la producción, la gestión ambiental y la seguridad industrial, el registro oficial en la SENESCYT (hoy Viceministerio de Educación Superior) lo clasificó bajo el campo de “Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho”, una categoría sin relación alguna con la oferta recibida.

Este error ha tenido consecuencias devastadoras: le ha impedido participar en concursos de docencia de posgrado, truncando oportunidades legítimas de trabajo y afectando su trayectoria profesional. Peor aún, pese a haber elevado múltiples oficios desde junio de 2023 a la UPS, a la SENESCYT (hoy Viceministerio de Educación Superior) y al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), hasta hoy no se ha recibido una solución justa ni inmediata.

Primera parte de la denuncia contra la Universidad Politécnica Salesiana.

 

El peso del silencio institucional

 

La falta de respuesta por parte de estas instituciones constituye no solo una negligencia administrativa, sino también una forma de violencia contra el derecho al trabajo, a la educación y a la dignidad profesional. Como si no bastara el perjuicio académico, la esposa de este profesional fue víctima de amenazas e insultos por parte de un docente de la UPS, un hecho gravísimo que deja en evidencia un ambiente de impunidad y falta de respeto hacia quienes se atreven a reclamar sus derechos.

Y aquí surge una verdad aún más inquietante: el caso de ingeniero ambiental aludido no es aislado. Existen miles de profesionales en el país atrapados en situaciones similares, víctimas de errores en sus registros académicos y del silencio institucional. Muchos de ellos ni siquiera saben cómo, dónde ni a quién acudir para denunciar; por temor o desconocimiento, se resignan a vivir en la impunidad, viendo sus carreras estancadas y sus sueños frustrados.

 

Segunda parte de la denuncia contra la Universidad Politécnica Salesiana.

 

La voz de la fe frente a la injusticia

 

Desde nuestro ser cristiano católico, no puedo sino alzar la voz frente a esta injusticia. La Palabra de Dios nos recuerda:

“Aprended a hacer el bien; buscad la justicia, socorred al oprimido, haced justicia al huérfano, defended a la viuda” (Isaías 1,17).

Callar frente a estos atropellos sería complicidad. La fe cristiana no es pasividad; es compromiso con la verdad, con la justicia y con la defensa de la dignidad humana. Si la Sagrada Escritura nos manda a ser luz y sal del mundo, también nos pide levantar la voz cuando la verdad es torcida y cuando el débil es oprimido por los poderosos.

Por ello, este no es solo un reclamo legal o administrativo: es una batalla moral y espiritual en defensa de la justicia, porque la verdad nos hace libres (Jn 8,32) y porque el respeto a la palabra empeñada es un deber no solo civil, sino profundamente cristiano.

 

Fundamentos legales y exigencias

 

El reclamo se sustenta en la Constitución del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), el Código Orgánico Administrativo (COA) y el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establecen:

• El derecho a la educación de calidad y a la igualdad de oportunidades (Const. Arts. 26 y 27).
• La obligación del Estado y de las universidades de garantizar la veracidad de la oferta académica (LOES, Arts. 13 y 94).
• La responsabilidad administrativa por inactividad y negligencia (COA, Arts. 207, 213 y 214).
• Las sanciones penales por amenazas e intimidación (COIP, Arts. 151, 154 y 396).

En virtud de estas normas, se han planteado acciones concretas:

1. Queja formal ante la Presidencia de la República y la Defensoría del Pueblo.
2. Acción de Protección constitucional para garantizar derechos vulnerados.
3. Denuncia ante el Consejo de Educación Superior (CES).
4. Solicitud de auditoría a la Contraloría General del Estado.
5. Denuncia penal ante la Fiscalía por amenazas recibidas.
6. Acción disciplinaria contra funcionarios de la SENESCYT por inactividad administrativa.

Conclusión: un llamado a la conciencia nacional

 

Este caso, y los miles que permanecen ocultos, revelan que el sistema de educación superior en Ecuador enfrenta una crisis de confianza. Las instituciones llamadas a garantizar calidad y justicia están, en muchos casos, fallando a quienes depositaron en ellas su esfuerzo y sus recursos.

Desde la fe, no podemos mirar hacia otro lado. Como católicos, estamos llamados a ser voz de quienes no tienen voz y a exigir que la verdad sea restablecida. Defender la dignidad de un profesional no es solo un acto legal: es un acto de justicia cristiana, de amor al prójimo y de fidelidad a Dios.

Por ello, este no es solo un reclamo individual, sino un clamor nacional por transparencia, justicia y respeto a la palabra empeñada. El país necesita recuperar la confianza en sus instituciones educativas y que nunca más un profesional vea sus sueños y su vida truncada por errores administrativos y por la indiferencia de quienes tienen el deber de servir.