Imagen del Banco Solidario: entidad señalada por hostigamiento telefónico prolongado, acoso a un ciudadano sin vínculo contractual y posible encubrimiento desde la propia Defensoría del Cliente.
Tres años de acoso, un número telefónico ajeno y un país que exige justicia**
Por: Ivonne Espinosa de Chóez, Periodista Profesional
Directora de Informa-Te Ve LATAM
I. El abuso que en el Ecuador ya no se calla
Durante más de tres años consecutivos, el Banco Solidario —entidad financiera formalmente regulada por el Estado ecuatoriano— mantuvo una conducta de hostigamiento sistemático y continuo contra una familia que jamás firmó contrato, jamás solicitó un crédito y jamás autorizó el uso de sus datos personales. Lo hicieron porque un tercero, identificado como Laura Sánchez, entregó de manera irresponsable el número telefónico de un inocente.
No importó la verdad.
No importó la dignidad.
No importó el daño humano.
Mientras la institución financiera protegía celosamente la identidad del cliente infractor alegando “sigilo bancario”, no tuvo reparo alguno en reproducir por años llamadas, mensajes y presiones de cobranza dirigidas a un ciudadano ajeno a toda relación bancaria. De forma persistente y agresiva, la familia fue tratada como deudora sin serlo, como culpable sin haber faltado, como mercancía sin valor mientras se lucraba con intereses y créditos ajenos.
El Evangelio lo advirtió:
“No se puede servir a Dios y al dinero.” (Mateo 6,24)
Mas para algunos, la ganancia pesa más que el prójimo.
Escuche el audio: AUDIO GROTESCO DE FUNCIONARIA DE BANCO SOLIDARIO Y/O ASOMIF
II. La ley existe — pero no para encubrir al culpable
La Constitución del Ecuador reconoce el derecho a la privacidad, a la honra y a la protección de datos personales (Art. 66.19 y 66.20).
La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales sanciona el tratamiento no autorizado de información personal.
El Código Orgánico Monetario y Financiero (Art. 157, 179 y 180) faculta sanciones, multas e incluso suspensión de operaciones ante negligencia grave y reincidente.
La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (Art. 44-52) castiga el acoso comercial y la perturbación reiterada.
Y, sin embargo, durante tres años la vulneración fue continua.
Con conocimiento, repetición y silencio administrativo.
Cuando la familia solicitó que el número fuera eliminado, respondieron “sí, procederemos”.
Se dijo más de una vez.
Se prometió más de una vez.
Mintieron más de una vez.
Peor aún: en la última llamada, una operadora —cuyo número había sido previamente fuente del hostigamiento— respondió con grosería, indiferencia y desprecio. Una institución que exige respeto bancario no pudo dar respeto humano.
¿De qué sirve el sistema si protege al infractor y no al inocente?
III. El dolor moral de una familia vale más que un expediente cerrado
Tres años de acoso no son un error, son una herida emocional, espiritual y psicológica, un desgaste familiar, una angustia permanente ante el sonido de un teléfono que nunca debía sonar. La Iglesia enseña que la dignidad del hombre es inviolable porque es imagen de Dios.
“Lo que hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron” (Mateo 25,40).
Y aquí —no al deudor, sino al inocente— se le cargó una cruz que no era suya.
Se le exigió paciencia, se le exigió silencio, se le exigió aguantar.
Pero los cristianos sabemos que la justicia no es venganza:
es restitución.
Es reparación.
Es conversión del daño en verdad.
Por ello, hoy se exige no solo disculpas formales, sino también reparación moral y económica, porque el daño no es simbólico, es real, documentado, prolongado y evitable.
La ley lo permite. La justicia lo demanda.
La moral cristiana lo exige.
IV. ¿Quién protege al ciudadano cuando la banca falla?
Imagen del “trabajo” del Defensor del Cliente del Banco Solidario: un cargo destinado, en teoría, a proteger a los afectados — pero cuya actuación en este caso deja serias dudas sobre su verdadera función y beneficio real para el usuario.
La Defensoría del Cliente del Banco Solidario respondió con un comunicado breve, frío y técnicamente vacío. No hubo investigación interna, no hubo propuesta de compensación, no hubo reconocimiento del daño.
Protegieron al deudor, pero nunca al afectado.
Defendieron el expediente, no la persona.
Y el sigilo bancario se invocó como manto para cubrir irresponsabilidad.
La pregunta que el Ecuador debe hacerse hoy es simple:
¿Puede una entidad financiera vulnerar la vida de un inocente por tres años y salir ilesa?
La respuesta también es simple: NO.
Y si la ley no se aplica, el país debe mirarla de frente y exigir que lo haga.
Logo de la Superintendencia de Bancos: Si el Defensor del Cliente no actúa, los afectados pueden acudir a la Superintendencia de Bancos u otras entidades gubernamentales. La ciudadanía tiene derecho a reclamar y defenderse – un caso registrado es un derecho ejercido.
En caso de que la gestión del Defensor del Cliente del Banco Solidario no responda conforme a las garantías establecidas en la normativa de protección al consumidor financiero, los usuarios tienen pleno derecho a escalar sus reclamos ante otras instancias competentes, como la Superintendencia de Bancos, la Defensoría del Pueblo, o cualquier entidad gubernamental habilitada para recibir denuncias formales. Se exhorta a la ciudadanía afectada a no permanecer en silencio y a registrar sus casos, documentar evidencias y ejercer los canales legales disponibles, fortaleciendo así el precedente público y la defensa colectiva de los derechos del usuario financiero en el país.
V. La fe no calla ante la injusticia — la fe denuncia
El cristiano no es mudo ante el abuso.
El Evangelio no es cómplice del dinero mal administrado.
La verdad no pacta con el acoso disfrazado de procedimiento.
Tolerar la injusticia es ofender a Dios.
Callar ante el abuso es permitir que otros sufran mañana.
Hoy este caso no es solo personal:
es un espejo de lo que puede ocurrir con cualquier ecuatoriano cuyo número, identidad o privacidad sean usados indebidamente. Si tres años no bastaron para que el sistema bancario corrija, la voz pública deberá hacerlo.
La reparación no es opcional.
Es deber moral, legal y cristiano.
Y mientras no exista justicia, la denuncia continúa.
Porque ningún banco está por encima de la dignidad humana.
Porque tres años de daño exigen verdad, reparación y memoria.
Porque en el Ecuador la fe aún tiene voz.
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