Una de las muchas ocasiones donde miembros de la Policía Nacional fueron a la parroquia Emilio María Terán de Píllaro por los vecinos belicosos que insultaban y amenazaban a los residentes foráneos que vivían allío. Informa-Te Ve LATAM

Por: Ivonne Espinosa de Chóez, Periodista Profesional – Directora de Informa-Te Ve LATAM

Emilio María Terán, Píllaro – Tungurahua | Alausí | Riobamba | Calpi | Ambato | Latacunga

Bajo la apariencia de unidad cultural y ancestral, se esconde una realidad que muchos prefieren ignorar. En parroquias rurales como Emilio María Terán, en el cantón Píllaro, y en decenas de comunidades indígenas de la Sierra ecuatoriana, se ha impuesto un sistema de control social autoritario, violento y muchas veces fuera de la ley. Aquí, la justicia no se basa en evidencia, sino en linchamientos colectivos, amenazas, castigos públicos y abuso de poder. Quien se atreve a cuestionarlo, corre el riesgo de ser expulsado, golpeado o incluso, como denuncian residentes, asesinado.

Donde la ley no protege y el miedo gobierna

En Emilio María Terán, habitantes denuncian que si una persona no es indígena o no es reconocida como parte de la comunidad, se le impone una vida de silencio forzado. “Si uno se defiende, lo amenazan con matarlo. Dicen que es su parroquia y que hay que someterse a lo que ellos digan”, afirma un residente. Quien llega a trabajar, a vivir o incluso a visitar debe aceptar las “reglas” impuestas por los líderes comunales: no se puede circular sin permiso, no se puede reclamar, no se puede opinar.

“Llamamos a la Policía, pero no hacen nada. Le dan la razón a ellos aunque estén borrachos, aunque golpeen a sus mujeres o sus hijos, aunque cierren calles impidiendo el paso de vehículos”, continúa el testimonio. A menudo, los foráneos son aislados, perseguidos y coaccionados. Las calles se convierten en zonas de guerra sin armas, pero con palos, gritos y miedo.

Comunidades convertidas en feudos

Testimonios como el de Alexander (nombre protegido), nieto de un comunero en Riobamba, revelan que incluso dentro de las comunidades indígenas el abuso es constante: “Mi abuelo dice que si no van a las mingas, les cobran hasta 40 dólares de multa. Incluso a los viejitos los obligan a trabajar poniendo adoquines o agua potable. Si no lo hacen, los amenazan con quitarles beneficios o hasta el agua”.

Durante los paros indígenas, promovidos como símbolos de unidad, la realidad es muy distinta. “A la gente la obligan a salir a protestar, porque si no lo hacen, les quitan el agua o la tierra. Esa es la verdad. No es unión, es miedo”, relata Alexander. “No es que todos están convencidos de marchar, es que tienen miedo a perderlo todo.”

Comuneros adoquinando calles en una comuna rural en Riobamba, sopena de ser multados si no lo hacen.

Contradicciones que nadie quiere discutir

Mientras líderes indígenas alegan ante el país y el mundo que sus comunidades protegen la naturaleza y viven en armonía con la Pachamama, dentro de sus territorios la basura se lanza a los ríos, las quebradas son contaminadas, y muchos líderes viven entre alcohol, infidelidad, violencia intrafamiliar y apuestas clandestinas.

“Hablan de cultura, pero viven en caos”, denuncia otra fuente. “Cambian escrituras, alteran propiedades, y se aprovechan de su autoridad para someter a los suyos y a los de afuera”.

Lo que dice la ley: un marco ignorado

La Constitución del Ecuador en su artículo 171 reconoce el derecho de las comunidades indígenas a ejercer justicia, pero siempre respetando los derechos humanos y el marco constitucional. La misma norma prohíbe los tratos crueles, inhumanos y degradantes (artículo 66), y garantiza el derecho a un debido proceso, defensa legal y presunción de inocencia (artículo 76).

A nivel internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos exigen que toda persona acusada de un delito tenga derecho a ser oída por un tribunal independiente y competente. Nada de esto sucede en los casos mencionados.

Las prácticas que hoy se desarrollan en comunidades indígenas violan abiertamente estos principios. Castigar con látigos, azotar, quemar, amenazar, coaccionar, privar de servicios básicos y someter por la fuerza no es justicia ancestral, es opresión moderna disfrazada de tradición.

¿Hasta cuándo callará el Estado?

El Estado ecuatoriano, sus instituciones, su fuerza pública, y su justicia no pueden seguir siendo cómplices por omisión. No puede haber ecuatorianos de primera y de segunda clase. El respeto a la identidad cultural no puede usarse como escudo para encubrir la violencia.

Existen voces dentro del mismo mundo indígena que piden cambios. Comuneros cansados de la coacción, de las amenazas, del abuso. Pero necesitan apoyo institucional, necesitan protección y garantías.

Un país plurinacional sí, pero justo para todos

El Ecuador necesita con urgencia un debate nacional sobre los límites de la justicia comunitaria. Un país plurinacional y diverso no puede construirse sobre la base de la represión. Es momento de que la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional, y organismos internacionales de derechos humanos pongan sus ojos en estas denuncias y actúen con firmeza.

Las costumbres nunca pueden estar por encima de los derechos humanos.

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