En junio de 2022, una nueva ola de protestas liderada nuevamente por Leonidas Iza paralizó al país durante 18 días. Las consignas fueron parecidas, pero la violencia fue aún más cruda.

• La ciudad de Quito volvió a ser cercada. Manifestantes se concentraron en universidades, calles y plazas. Se reportaron saqueos a camiones de alimentos, robos, incendios, y destrozos.

• En Ambato, Riobamba, Latacunga, Alausí y otras ciudades intermedias, los indígenas bloquearon calles, mercados y supermercados, prohibieron la venta de productos, y obligaron a comerciantes a cerrar sus negocios.

Imagen de Diario Expreso, paro indígena de octubre 2022 en la ciudad de Alausí, provincia de Chimborazo.

 

• Quienes intentaban circular eran perseguidos, agredidos o amenazados. Varios testimonios indican que se impusieron “peajes” ilegales para dejar pasar vehículos.

• Las ambulancias debían pagar para avanzar, y turistas fueron obligados a caminar kilómetros para salir de zonas controladas por manifestantes.

En zonas rurales, los comuneros que se negaban a participar en el paro eran amenazados con perder agua potable, tierras o derechos comunales.

• Muchos indígenas fueron obligados a marchar, bajo amenaza de represalias. Reglamentos internos exigían su participación en las protestas, así como en mingas obligatorias.

       

 

Entre cultura y control: la voz de los que escapan del autoritarismo comunal indígena en Ecuador

 

Imagen de una mujer indígena trabajando en una tienda de abarrotes en una zona urbana.   Ciudades sostenibles – BID

En el imaginario nacional e internacional, las comunidades indígenas del Ecuador suelen ser vistas como espacios de resistencia cultural, armonía social y defensa de la tierra. Pero tras esa imagen idealizada, se esconde una realidad cada vez más denunciada por quienes la viven desde dentro: autoritarismo, coacción, control total de la vida cotidiana, y una justicia paralela que poco tiene que ver con equidad o derechos humanos.

Este es el caso de María del Rosario, una mujer indígena originaria del cantón Colta, en la provincia de Chimborazo, quien en 2013 decidió dejar su comunidad para buscar libertad en Guayaquil, ciudad que muchos de sus compatriotas consideran hostil y peligrosa, pero que para ella significó lo contrario: una oportunidad para vivir en paz y con dignidad.

Testimonio de María del Rosario: “Aquí somos libres”

 

Instalada en una urbanización del norte de Guayaquil, María del Rosario, junto a su esposo y su hermana, abrió una tienda de abastos y legumbres. Siempre orgullosa, sigue vistiendo su traje ancestral, símbolo de su identidad. Una de sus clientas, sorprendida por su presencia, le preguntó:
— ¿Por qué dejaron Colta, con ese clima lindo y esos paisajes tan bonitos, para venirse a esta ciudad tan calurosa y peligrosa?

La respuesta de doña María fue clara y conmovedora:

“En Colta no podíamos vivir como queríamos. En la comuna los dirigentes deciden todo: dónde puedes construir, cuándo debes trabajar en las mingas, qué debes hacer con tu casa, tus tierras, incluso cómo vivir. Aquí en Guayaquil, a pesar del calor y la inseguridad, somos libres. Podemos caminar, trabajar, estudiar y decidir sobre nuestra vida sin miedo.”

Este testimonio representa a miles de indígenas ecuatorianos que, lejos de huir de la pobreza, emigran de sus comunidades para escapar del control social que ejercen sus propios líderes, muchas veces en nombre de la tradición, pero que en realidad funcionan como sistemas autoritarios disfrazados de identidad cultural.

Una migración silenciosa en busca de libertad

 

En ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, es cada vez más común encontrar familias indígenas que abandonaron sus comunas por razones no económicas, sino sociales y políticas. Lo que buscan es simple: libertad de elección.

• En sus comunas, son obligados a participar en mingas forzadas y pagan multas si no lo hacen.

• En muchos casos, los dirigentes deciden sobre las ayudas, reparten terrenos y controlan el agua.

• Quien se rebela o denuncia abusos, es amenazado con la expulsión, el linchamiento o el aislamiento social.

• Durante los paros indígenas de 2019 y 2022, los comuneros fueron coaccionados a participar bajo amenazas de perder sus derechos comunitarios si no lo hacían.

“Uno no puede ni opinar, todo lo manejan ellos. Aquí (en Guayaquil) mis hijos pueden estudiar lo que quieran. En la comuna no. Allá el que se sale del molde, es visto como traidor,” dice María del Rosario con firmeza.

Una verdad silenciada por miedo

 

Los abusos internos dentro de las comunidades indígenas no se denuncian por temor. El respeto a la cultura no debe confundirse con tolerancia al autoritarismo. Como lo demuestra este y muchos otros testimonios, hay una parte del pueblo indígena que no se siente representado por sus líderes, que desea libertad, y que ha sido silenciado por décadas.

La migración desde las comunas hacia las ciudades es un acto político tanto como social: un grito silencioso de quienes ya no quieren vivir bajo imposiciones internas que violan sus derechos.

«Migrar a las ciudades no siempre trae consigo mayores oportunidades; al menos, no para las mujeres indígenas. Su traslado de áreas rurales a urbanas marca una triple condición de vulnerabilidad en ellas: ser mujeres, ser indígenas y ser migrantes. La discriminación racial, el acceso desigual a un trabajo digno o servicios públicos básicos, así como la residencia en asentamientos informales vulnerables a los desastres naturales, caracterizan la vida de las mujeres indígenas urbanas.» (CEPAL)

¿Y el Estado? Ausente ante el control comunitario

 

El Estado ecuatoriano no puede seguir permitiendo que se impongan prácticas abusivas bajo el pretexto de preservar la cultura. La Constitución, en su artículo 171, reconoce la justicia indígena siempre y cuando respete los derechos humanos y constitucionales. Pero, como se ha documentado en Colta, Bayushig, Emilio María Terán, Saraugsha y otras comunas de la Sierra, esa línea ha sido cruzada una y otra vez.

• Libertad de expresión y de tránsito, según el artículo 66 de la Constitución, deben ser garantizados para todos los ciudadanos.

• El derecho al debido proceso, al libre desarrollo de la personalidad y a la propiedad, no puede depender de líderes comunales.

• Las prácticas que violentan estos derechos son contrarias al Pacto de San José y a la Convención Americana de Derechos Humanos.

Cultura sí, imposición no. Orgullo sí, abuso no.

 

La diversidad es una riqueza del Ecuador, pero no puede servir de excusa para silenciar, someter o castigar a quien piensa distinto dentro de una comunidad.

Hoy, como María del Rosario, muchos indígenas se levantan con dignidad para decir basta. Quieren ser libres para vivir su identidad sin ser prisioneros de ella. Quieren estudiar, trabajar y criar a sus hijos sin miedo ni coerción.

El Ecuador del futuro debe ser intercultural, sí, pero también libre, justo y con derechos garantizados para todos, sin excepción.

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