«Ayer, una camioneta cabina simple cayó más de 100 metros hacia la quebrada en el sector de nariz de diablo en la via antigua a Guaranda, Comunidad Llangahua Grande donde viajaban nueve personas, cinco fallecieron y cuatro quedaron heridos…», el triste pan nuestro de cada día.

Cada día, decenas de familias ecuatorianas se despiertan con la devastadora noticia de que un ser querido no llegará a casa. No es la delincuencia común ni el crimen organizado el principal causante de estas tragedias; el verdadero enemigo está detrás del volante. Los «sicarios del volante», como los llama la sociedad ecuatoriana, son conductores irresponsables que, al violar las leyes de tránsito, se han convertido en criminales de carretera, cobrando vidas inocentes en un país donde las autoridades parecen mirar hacia otro lado.

Conducir en estado de ebriedad, ignorar semáforos y señales de tránsito, exceder los límites de velocidad o distraerse con un celular al volante son prácticas comunes que han convertido las vías ecuatorianas en escenarios de muerte. Solo en 2023, el 40% de las muertes violentas en el país se debieron a accidentes de tránsito, superando incluso el impacto de la delincuencia. ¿Cómo es posible que esto sea tolerado?

Los cómplices del caos: agentes y autoridades en falta

Una realidad aún más alarmante es la complicidad implícita de algunos agentes de tránsito, quienes, en lugar de controlar y sancionar, permiten las violaciones mientras revisan sus celulares o aceptan sobornos para “dejar pasar” infracciones graves. Esta permisividad ha generado una cultura de impunidad, donde las leyes se ignoran, y la vida humana se devalúa.

Un testimonio desgarrador viene de Ana López, quien perdió a su esposo y su hija de seis años en un accidente causado por un conductor ebrio. “Ese hombre ya tenía tres infracciones previas por conducir borracho, pero nadie hizo nada. Ahora yo estoy sola, y mi familia quedó destruida”, lamenta entre lágrimas.

Llamado urgente desde la Asamblea Nacional

Ecuador necesita un cambio radical y urgente. Desde la Asamblea Nacional, las voces ciudadanas exigen la creación de leyes más severas para frenar esta epidemia mortal. No se trata solo de multas, sino de penas de cárcel estrictas para quienes atenten contra la vida en las carreteras. El pedido es claro: cualquier infracción que ponga en riesgo vidas debe considerarse un delito grave, con castigos ejemplares que incluyan la suspensión definitiva de la licencia y multas que impacten económicamente al infractor.

Además, se requiere un control riguroso de los agentes de tránsito, quienes deben ser sometidos a auditorías constantes para asegurar que cumplan con su labor de proteger a los ciudadanos.

Un compromiso ciudadano

No solo las autoridades tienen responsabilidad en esta crisis. Cada conductor debe comprometerse a ser parte de la solución. Revisar el estado del vehículo antes de salir, respetar los límites de velocidad, y jamás utilizar el celular mientras se conduce son acciones básicas que podrían salvar vidas.

“El cambio comienza por cada uno de nosotros. No podemos seguir ignorando el peligro que somos para otros cuando decidimos manejar sin responsabilidad. Cada vez que un conductor infringe las leyes, se convierte en un arma mortal”, asegura el sociólogo Javier Romero, experto en seguridad vial.

Un país al borde del colapso vial

Si Ecuador no actúa ahora, las cifras de muertes continuarán escalando, convirtiendo las carreteras en un cementerio diario. La ciudadanía, las autoridades y los conductores deben unirse para detener a los sicarios del volante antes de que más vidas sean arrebatadas.

Es hora de un cambio real, porque cada minuto que pasa, un ecuatoriano más pierde la vida en una tragedia que pudo haberse evitado. ¿Seguiremos permitiendo que la irresponsabilidad y la impunidad dominen nuestras carreteras, o tomaremos acción para construir un futuro más seguro para todos?