Imagen: logo de EEASA riéndose de los usuarios. Theios Parrhesía (IA)
CRISIS SILENCIOSA EN EL SERVICIO ELÉCTRICO: DENUNCIA CIUDADANA POR APAGONES RECURRENTES, FALTA DE TRANSPARENCIA E IRREGULARIDADES EN LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO (EEASA)
Por Ivonne Espinosa de Chóez – Periodista Profesional
Directora de Theios Parrhesía – filial de IJ Alliance.
En el caserío Segovia Alto, parroquia Huambaló, cantón San Pedro de Pelileo, provincia de Tungurahua, los cortes de energía eléctrica han dejado de ser un evento aislado para convertirse en una constante que afecta semanalmente a decenas de familias. La problemática no solo evidencia fallas técnicas, sino también una preocupante falta de transparencia, respuestas evasivas y posibles irregularidades administrativas por parte de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. (EEASA).
Un problema recurrente sin solución estructural
Ver y escuchar Mensajes de audio y whatsapp con la EEASA
Los moradores del sector enfrentan cortes de energía de entre cuatro y cinco horas, e incluso más, sin que exista una explicación clara o soluciones definitivas. Ante cada interrupción, los usuarios recurren a los canales oficiales de la empresa: el número convencional 032998600, el 136 —que no funciona durante los apagones por depender de fibra óptica— y el servicio de WhatsApp 0996251845.
Sin embargo, las respuestas recibidas suelen ser repetitivas, genéricas y carentes de sustento técnico. Entre ellas destacan:
“En daños técnicos, la Empresa tiene un tiempo de respuesta a las solicitudes por daños técnico y de acuerdo a lo indicado, estuvo respondida dentro de tiempo.”
“Por este medio puede notificar los cortes, que de acuerdo a lo indicado a usted anteriormente, ya se generó el reporte para la atención.”
“Se encuentra reportada la falta de servicio o daño en el sector. Por favor, tenga paciencia mientras el personal técnico realiza los trabajos necesarios.”
Estas respuestas no explican las causas reales ni justifican la recurrencia del problema. En una sola ocasión, tras cinco horas de interrupción, se informó que el corte se debía a la caída de un árbol, lo que pone en evidencia una posible falta de mantenimiento preventivo.
El traslado de la responsabilidad al usuario
Uno de los aspectos más cuestionables es la respuesta institucional que indica:
“En el caso de cortes recurrentes, debe realizar una notificación dirigida al Ing. Víctor Cholota, Jefe de agencias…”
Esta disposición traslada la carga de gestión al usuario, cuando es la empresa la responsable directa de garantizar la continuidad del servicio. Además, se exige la presentación presencial de documentos en oficinas, generando gastos adicionales y pérdida de tiempo para ciudadanos ya afectados por la falta de energía.
A esto se suma un argumento reiterado por la empresa:
“La energía que se factura es la que se consume, entendiendo que en el corte no hay consumo y no paga por el servicio.”
Esta afirmación ignora completamente las pérdidas económicas, laborales y personales que ocasionan los apagones, reduciendo el problema a un simple criterio de facturación.
Cobros contradictorios y falta de transparencia
En el trámite de cambio de titularidad del servicio eléctrico, el asesor Diego Vinicio Morales Pozo indicó que dicho proceso no tiene costo. Sin embargo, en la agencia de Pelileo se informó al usuario que debía pagar entre USD 27 y USD 30 por una supuesta “garantía”, sin explicación técnica ni base legal clara.
Las versiones contradictorias —USD 20, USD 25 o sin costo— reflejan una preocupante falta de uniformidad en la información, lo que podría constituir una vulneración a los derechos del consumidor.
Antecedentes que agravan la situación
El problema no es nuevo. En el año 2022, en el cantón Píllaro, se reportaron situaciones similares, incluyendo denuncias por conexiones clandestinas y posibles actos de corrupción. En ese entonces, el funcionario Christian Erazo gestionó el cambio de titularidad sin costo alguno, evidenciando inconsistencias dentro de la misma empresa.
Derechos vulnerados y marco legal
Los hechos descritos podrían constituir vulneraciones a:
- La Constitución de la República del Ecuador, que en su artículo 52 garantiza servicios públicos de calidad, y en el artículo 314 establece la obligación del Estado de proveer servicios eficientes y continuos.
- La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que protege a los usuarios frente a servicios deficientes, falta de información y prácticas abusivas.
Además, la falta de respuestas claras y la posible existencia de cobros sin justificación podrían derivar en responsabilidades administrativas e incluso legales.
Una mirada desde la ética cristiana
Desde la doctrina social de la Iglesia, el acceso a servicios básicos como la energía eléctrica forma parte de las condiciones necesarias para una vida digna. La gestión de estos servicios debe regirse por principios de justicia, verdad y responsabilidad social.
El actuar institucional que evade responsabilidades, minimiza el impacto en los ciudadanos o genera confusión en los cobros, se aleja de valores fundamentales como la honestidad y el bien común. El servicio público no puede convertirse en una carga adicional para el ciudadano, sino en un instrumento de desarrollo y dignidad.
Conclusión: una problemática que exige intervención
Lo que ocurre en Segovia Alto no es un hecho aislado, sino el reflejo de una problemática más amplia en la gestión del servicio eléctrico. La recurrencia de los apagones, la falta de información técnica, la transferencia de responsabilidades al usuario y las inconsistencias en cobros configuran un escenario que amerita investigación urgente.
Los ciudadanos no solo demandan energía eléctrica, sino respeto a sus derechos, transparencia en la gestión pública y soluciones reales a problemas que afectan su vida diaria.
El silencio institucional o las respuestas automáticas no pueden seguir siendo la norma frente a una realidad que exige acción inmediata.
EMPRESA ELÉCTRICA DE AMBATO VIOLA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE RECLAMO DE LOS USUARIOS
Adicionalmente, se denuncia que la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. (EEASA) estaría incurriendo en prácticas restrictivas contra usuarios que ejercen su derecho legítimo a reclamar públicamente, bloqueando o limitando la interacción en sus canales digitales cuando se exponen inconformidades. Este tipo de acciones constituye una grave vulneración a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, tales como el derecho a la libertad de expresión (Art. 66 numeral 6), el derecho a presentar quejas y peticiones ante autoridades (Art. 66 numeral 23), así como el derecho a recibir servicios públicos de calidad (Art. 52). De igual forma, contraviene lo establecido en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que garantiza a los usuarios el acceso a información veraz, mecanismos efectivos de reclamo y protección contra prácticas abusivas. Limitar o silenciar la voz de los ciudadanos no solo agrava la falta de atención, sino que evidencia una preocupante falta de transparencia y respeto hacia los derechos del consumidor y la participación ciudadana.
Los afectados han enviado denuncia a la Presidencia de la República, Empresa Eléctrica de Ambato EEASA, Agencia de Regulación y Control de Electricidad ARCONEL y Ministerio de Ambiente y Energía esperando recibir justicia.
Lo que nos han indicado los moradores afectados:
CORTES DE ENERGÍA TODAS LAS SEMANAS
Cada semana sufrimos apagones de 4, 5 horas o más. No hay explicaciones claras, no hay soluciones definitivas, y la empresa solo responde con mensajes repetitivos como:
“El daño fue atendido dentro del tiempo establecido”
“El incidente ya está reportado”
“Tenga paciencia mientras se restablece el servicio”
Pero nunca dicen qué pasa realmente ni por qué los cortes siguen ocurriendo.
CANALES DE ATENCIÓN INÚTILES
Cuando no hay luz:
- No funciona el teléfono convencional (porque depende de fibra óptica)
- El 136 no sirve
- WhatsApp solo responde con mensajes automáticos y luego:
“La sesión de chat se cerrará por inactividad”
¿Así se atiende a los usuarios?
TRASLADAN EL PROBLEMA AL CIUDADANO
EEASA indica que debemos hacer oficios dirigidos al Ing. Víctor Cholota y llevarlos físicamente a agencias.
Es decir:
El problema es de la empresa… pero la solución la tiene que gestionar el usuario.
POSIBLE COBRO INDEBIDO
El asesor de EEASA vía whatsapp, Diego Vinicio Morales Pozo informó claramente:
“El cambio de titular NO tiene costo”
Pero funcionario de atención al cliente de la agencia Pelileo dicen otra cosa:
Cobros de $27 a $30 por una supuesta “garantía” sin explicación legal.
Funcionarios vía telefónica dicen $20, $25… o que no se cobra nada.
¿En qué quedamos?
Esto NO es transparencia.
DERECHOS VULNERADOS
Esto podría estar violando la Constitución de la República del Ecuador:
- Derecho a servicios públicos de calidad (Art. 52)
- Derecho a una vida digna (Art. 66)
- Servicios continuos y eficientes (Art. 314)
Y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor:
Derecho a servicios adecuados, claros y sin abusos.
DESDE UNA VISIÓN ÉTICA Y CRISTIANA
El servicio público debe basarse en la verdad, la justicia y el respeto al prójimo.
No es justo que:
- Se minimicen los daños al usuario
- Se ignoren las pérdidas económicas
- Se den respuestas automáticas sin solución
Esto no es servicio. Esto es indiferencia.
EXIGIMOS
✔ Explicaciones claras y técnicas
✔ Solución definitiva a los apagones
✔ Transparencia en los cobros
✔ Respeto a los usuarios
✔ Sanciones si existen irregularidades
NO ES SOLO ENERGÍA… ES DIGNIDAD
Los ciudadanos no pedimos favores.
Exigimos derechos.
#DenunciaCiudadana #EEASA #Apagones #Ecuador #DerechosDelConsumidor #Tungurahua
Enlace externo: Así funcionaba el mecanismo de corrupción denunciado en CNEL con la supuesta complicidad de la Arconel – El Universo