Imagen del facebook del Municipio de Pujilí. El Alcalde José Arroyo ya está preparando más fiestas ahora usando la religiosidad de la fiesta católica del Corpus Christi.

Pujilí, Cotopaxi — Mientras la sed y la desesperación se apoderan de comunidades enteras en zonas como San Sebastián, El Capulí, ciudadela Churupamba y otros barrios en el cantón Pujilí, la ciudadanía eleva un grito que ya no puede ser ignorado: ¡Agua potable ya! El caso de Pujilí, donde se construyó un tanque de agua inservible debido a la alta contaminación del pozo subterráneo, ha puesto en evidencia una realidad compartida por muchos municipios ecuatorianos: el abandono de servicios públicos básicos frente al derroche de recursos en fiestas, reinados y eventos superfluos.

Los moradores denuncian que, pese a múltiples reclamos ante la Delegación de la Defensoría del Pueblo en Cotopaxi, no se han implementado soluciones efectivas. Tampoco se ha fiscalizado el gasto municipal, que debería destinarse a obras de saneamiento y servicios públicos.

Leyes nacionales e internacionales respaldan el reclamo

El acceso al agua potable no es un favor, es un derecho humano fundamental, reconocido tanto por la Constitución del Ecuador como por tratados internacionales:

• Artículo 12 de la Constitución del Ecuador: “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público…”
• Artículo 318: Determina que el agua debe priorizar el consumo humano y el acceso equitativo.
• Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua: Obliga al Estado y gobiernos seccionales a garantizar la disponibilidad y calidad del agua potable.
• Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2010): Reconoce explícitamente el derecho al agua potable limpia y al saneamiento como un derecho esencial para el pleno disfrute de la vida y todos los derechos humanos.
• Observación General Nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU: Exige que los gobiernos garanticen la disponibilidad, calidad y accesibilidad del agua sin discriminación.

El problema es nacional: se exige una intervención integral

Lo ocurrido en Pujilí no es un caso aislado. En decenas de cantones y parroquias de Imbabura, Chimborazo, Bolívar, Manabí y Loja, los habitantes enfrentan similares condiciones de desabastecimiento, agua contaminada y negligencia institucional. Es por ello que este reclamo debe replicarse en todos los municipios del país, donde los ciudadanos son víctimas del uso indebido del presupuesto municipal.

Mientras las comunidades carecen de agua segura, informes del Portal de Compras Públicas del Ecuador muestran gastos en desfiles de moda, festivales patronales y celebraciones que superan los valores destinados a infraestructura básica. Esto configura una presunta malversación de fondos públicos, que debe ser investigada a fondo.

Imágenes de las fiestas por el día de la madre, sin embargo hay calles dañadas y la falta de agua potable es general en Pujilí y otros cantones ecuatorianos.

¿Quién debe responder?

La ciudadanía exige acciones inmediatas por parte de las siguientes entidades:

• Contraloría General del Estado: Auditorías integrales sobre el uso del presupuesto municipal destinado a servicios básicos.
• Fiscalía General del Estado: Investigación penal sobre posibles actos de corrupción, peculado y negligencia administrativa.
• Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA): Intervención técnica para verificar la calidad del agua y la gestión del recurso.
• Defensoría del Pueblo: Acciones constitucionales urgentes para exigir la garantía del derecho al agua potable.
• Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS): Promoción de veedurías ciudadanas que fiscalicen el accionar de los gobiernos locales.

¡Basta de abandono!

Los ciudadanos de Pujilí, al igual que los de muchas otras ciudades, exigen que el presupuesto municipal se invierta en obras reales, no en espectáculos. La presión social va en aumento, y si las autoridades no responden, la movilización nacional será inevitable.

Habitantes han enviado oficios a la Delegación de Cotopaxi de la Defensoría del Pueblo y Presidencia de la República el pasado 21 de abril y el 7 de mayo y aún no han hecho nada, el problema persiste y los derechos de la ciudadanía no se validan.

“Sin agua no hay salud, no hay dignidad, no hay vida. ¡No más silencio! ¡No más impunidad! Es momento de levantar la voz en cada rincón del Ecuador.”

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