Imágenes de certificados de revisión vehicular tramitados de manera fraudulenta en Ambato y traídas de otros municipios de las provincias de Manabí, Pichincha y Loja.

 

Ambato, Ecuador. – Informa-Te Ve LATAM accedió a evidencias entregadas por un conductor que, desde 2022, ha sido víctima de un circuito ilegal de revisión vehicular en la Sierra Centro. Los documentos demuestran que los certificados de revisión técnica que porta su vehículo provienen de municipios donde nunca ha estado, pese a haber presentado la documentación en regla en Tungurahua.

 

El testimonio del afectado

 

El conductor, quien prefiere mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad, relató que en 2022, recién llegado con su familia a Tungurahua, intentó cumplir con la matrícula y revisión técnica vehicular en el Centro de Revisión de Ambato, al encontrarse cerca de su domicilio.

Aunque sacó el turno y presentó toda la documentación en regla, el personal que realiza la digitalización de la documentación indicó que para proceder con la revisión vehicular a más de la documentación solicitada debía entregar una copia certificada del proceso de matriculación realizado en un cantón riosense y se negó a realizarle el trámite bajo el argumento de que, al tener matrícula de Los Ríos, debía trasladarse hasta la Costa a realizar la revisión requerida. Ante la insistencia, el agraviado intentó realizar el trámite en Pelileo, donde nuevamente la respuesta fue la misma. La persona que le vendió el vehículo le sugirió que intentara en Ambato en los locales denunciados para que ellos le «ayudaran».

El negocio en la Avenida Galo Vela

 

Ya en Ambato, el afectado acudió al punto de atención en la Avenida Galo Vela y Oyambaro, frente al Parque Troya, donde funciona la copiadora J & J, atendida por una mujer identificada como Fernanda Supe.

 

 

 

Allí, Supe le indicó que “podría ayudarlo” gestionando el certificado pero no del GAD de Ambato sino de un municipio de la costa, a cambio de un pago de USD 140, valor muy superior al oficial (que bordea los USD 37 – 52 según el tipo de vehículo), cuando el afectado preguntó cuál era el motivo por el que no le matriculaba el vehículo en Ambato, ella alegó que «no había tiempo» y que «demoraría más» el trámite en Ambato y que más rápido era hacerlo matricular en Olmedo, Manabí y que ella misma se encargaría.

El conductor accedió ante la imposibilidad de circular legalmente. De esta manera:

• En 2022, el vehículo quedó «matriculado» y «revisado» en Olmedo (Manabí) .
• En 2023, el documento fue emitido en Olmedo (Manabí).
• En 2024, el certificado apareció expedido en Puerto Quito (Pichincha).
• Y en 2025, el certificado entregado corresponde a Loja.

En todos los casos, los documentos eran legales en el sistema, pese a que el vehículo jamás se trasladó a esos lugares.

 

 

Una exigencia arbitraria

 

El vehículo en cuestión fue adquirido legalmente en Ambato, con contrato de compraventa, traspaso notarial, registro en el SRI, y el cambio de propietario asentado en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

A pesar de ello, en los centros de revisión de Ambato, Pelileo y otros municipios de la Sierra Centro, le exigieron presentar una copia certificada de la matrícula original emitida en Los Ríos —lo cual resulta absurdo, considerando que todo el trámite hoy es electrónico y que el vehículo ya consta legalmente en el sistema nacional.

 

¿Qué dice la ley?

 

• Constitución del Ecuador
  • Art. 66, numeral 14: garantiza el derecho a la libre movilidad.
  • Art. 11, numeral 2: prohíbe toda forma de discriminación y trato desigual.
  • Art. 82: reconoce el derecho a la seguridad jurídica.
  • Art. 227: obliga a que los trámites de la administración pública sean eficaces y transparentes.
• Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV):
  • Art. 81: la revisión técnica vehicular es obligatoria, pero se realiza en el lugar de residencia del propietario, no donde el vehículo fue matriculado por primera vez.
  • El Reglamento de Matriculación señala que el cambio de placa solo procede en casos excepcionales (robo, pérdida, etc.), pero no limita la revisión a la provincia de origen de la matrícula.
• Código Orgánico Integral Penal (COIP):
  • Art. 287: falsificación de documentos públicos (3 a 5 años de prisión).
  • Art. 280: cohecho y concusión (3 a 7 años).
  • Art. 186: estafa por cobros indebidos (5 a 7 años).
• Tratados internacionales:
  • La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción obligan al Estado ecuatoriano a prevenir y sancionar estas prácticas.

Un problema estructural

 

El caso evidencia cómo la red de corrupción en los procesos de revisión y matriculación vehicular no solo afecta a ciudadanos que llegan con placas de Costa a la Sierra, sino que ha instaurado un negocio paralelo que opera a vista y paciencia de autoridades locales, la Policía de Tránsito y la ANT.

En Tungurahua y provincias vecinas, se repite la misma respuesta: “si no quiere problemas, pague”. Mientras tanto, la corrupción sigue institucionalizada y normalizada en la vida cotidiana.

 

Investigación exclusiva

 

Informa-Te Ve LATAM pone en conocimiento público esta investigación exclusiva con evidencias documentales, reafirmando nuestro compromiso cristiano y periodístico de denunciar la corrupción que muchos prefieren callar.

El silencio de autoridades y actores locales demuestra que, como dice el refrán popular, “se tapan con la misma colcha”. Pero la ciudadanía exige transparencia, legalidad y respeto a sus derechos.

 

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