Imagen de la agresión de manifestantes indígenas en la bahía de Ibarra – Diario El Norte – 13102025
Reportaje especial — visión cristiana, jurídica y social
Introducción
Ecuador es un país profundamente diverso, pero también herido por la división y la desigualdad en la aplicación de la ley.
Según el Censo de Población y Vivienda 2022 del INEC, la composición étnica del país refleja que la mayoría absoluta —el 77,5 %— es mestiza, seguida por indígenas (7,7 %), montubios (7,7 %), afroecuatorianos (4,8 %) y blancos (2,2 %).
Sin embargo, a pesar de esta pluralidad, la convivencia nacional se ha visto amenazada por un uso abusivo y desvirtuado del derecho a la protesta, especialmente en paros nacionales donde grupos radicales, amparados en identidades étnicas o comunales, han recurrido a la violencia, la coacción y el miedo para imponer sus agendas políticas o económicas.
Ciudades como Latacunga, Ibarra, Alausí, Pujilí y Ambato han sido testigos de cómo comerciantes, transportistas y familias —en su mayoría mestizas y trabajadoras— son obligadas a cerrar sus negocios bajo amenaza de saqueo, golpizas o incluso linchamientos.
Frente a este panorama, surge una pregunta que interpela tanto a la sociedad civil como a las autoridades y a la conciencia cristiana:
¿Dónde queda la igualdad ante la ley y el respeto mutuo cuando unos pocos imponen el terror sobre la mayoría?
Vídeo: El mito del paraíso de los pueblos prehispánicos. P. Javier Olivera Ravasi
Comentario de odio de un miembro de la UNOCARC – Organización indígena de Cotacachi.
La ley y la Constitución: todos somos iguales ante la justicia
1. Principio de igualdad
La Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 11 numeral 2, establece claramente:
“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, idioma, religión, opinión, orientación política, condición socioeconómica o por cualquier otra distinción.”
Indígenas estacionan donde les da la gana a vista y paciencia de policías y autoridades de tránsito en Píllaro, Tungurahua y otros cantones de Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Cañar y Azuay.
Esto significa que ni las comunidades indígenas, ni ningún otro grupo social o político, puede arrogarse privilegios que vulneren los derechos del resto de ciudadanos, especialmente el derecho al trabajo, a la libre movilidad, a la propiedad privada y a la seguridad personal.
Indígenas causan incendios forestales en la sierra centro y norte porque queman maleza y basura o hacen chacras para los cultivos puesto, Aguaján-Ambato.
2. Derechos fundamentales vulnerados durante los paros
- Artículo 66 numeral 15: derecho a la libertad de trabajo.
- Artículo 66 numeral 26: derecho a la propiedad, siempre que su uso sea socialmente responsable.
- Artículo 66 numeral 3: derecho a la integridad personal y a la seguridad.
- Artículo 164: el Estado debe garantizar el orden y la paz pública.
Cuando en un paro se obliga a cerrar negocios, se lanzan piedras contra locales o se amenaza a comerciantes, se está cometiendo delito, no ejercicio de un derecho.
Cuando la protesta se convierte en violencia
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona de forma explícita las conductas que con frecuencia se observan en paros violentos:
- Art. 154 – Intimidación: quien amenace a otro con causar daño será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años.
- Art. 185 – Extorsión: si se exige dinero o acciones bajo amenaza de daño físico o material, la pena es de 5 a 10 años.
- Art. 189 – Daño a bien ajeno: prisión de 6 meses a 2 años.
- Art. 346 – Paralización de un servicio público: incluye obstruir vías o impedir el libre tránsito; pena de 1 a 3 años.
- Art. 282 – Incumplimiento u omisión de deberes de servidor público: para autoridades que no actúan ante delitos.
Durante las recientes jornadas de movilización, se han documentado incendios de vehículos, saqueos, destrucción de propiedades, y agresiones físicas a ciudadanos que se negaron a unirse a los cierres. Estas acciones no pueden ser justificadas por identidad cultural, pobreza o costumbre, porque el derecho a protestar termina donde empieza el derecho ajeno.
La visión cristiana: la paz como camino de justicia
Desde la doctrina social de la Iglesia Católica, la defensa de la dignidad humana y del orden justo son principios irrenunciables.
El Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti (2020), nos recuerda:
“No hay paz sin justicia, no hay justicia sin verdad, y no hay verdad sin perdón.”
El Evangelio llama a la reconciliación entre pueblos y culturas, pero también exige rechazar toda forma de violencia o manipulación social que oprima al prójimo.
El cristiano no puede callar ante la injusticia, ni justificar el mal bajo apariencia de causa social.
En palabras del Papa San Juan Pablo II:
“La paz no es la simple ausencia de guerra, sino el compromiso firme por la justicia y la solidaridad entre los pueblos.”
La fe católica enseña que toda autoridad debe promover el bien común y proteger al inocente. Por tanto, el Estado ecuatoriano tiene obligación moral y jurídica de impedir el abuso y la violencia étnica o política que destruye la convivencia nacional.
Derecho internacional de los derechos humanos
Los pactos y tratados internacionales que Ecuador ha ratificado —y que tienen rango constitucional según el Art. 417— también protegen los derechos vulnerados durante los paros violentos:
- Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 3): derecho a la vida, libertad y seguridad.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 21): el derecho de reunión pacífica no ampara la violencia ni la destrucción.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 23 y 24): igualdad ante la ley, sin discriminación étnica o social.
- Convenio 169 de la OIT: reconoce la autonomía cultural de los pueblos indígenas, pero nunca autoriza actos contrarios a los derechos humanos o la Constitución nacional.
En otras palabras, la autonomía comunal indígena solo puede ejercerse dentro de sus territorios ancestrales y nunca en zonas urbanas o sobre ciudadanos ajenos a esas comunidades.
En la parroquia rural Emilio María Terán, un menor de edad se estrelló contra el portón de una vivienda en 2024, los indígenas de la zona intentaron esconder el vehículo y el policía que llegó solapó el delito porque son su gente.
La impunidad y el miedo: el verdadero enemigo
En muchos cantones, la pasividad de autoridades municipales o provinciales frente a los abusos ha creado un clima de impunidad peligrosa.
Los cuerpos policiales y bomberos, a veces, se niegan a intervenir en predios privados alegando limitaciones legales; sin embargo, la Constitución y la ley los facultan a proteger la vida y la propiedad en todo el territorio nacional, sea público o privado.
La omisión de deberes públicos también es delito (COIP Art. 282) y debe ser denunciada ante la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo.
El miedo no puede convertirse en ley.
Cuando el Estado no actúa, el ciudadano se siente desprotegido, y la anarquía reemplaza a la justicia.
Policías avalan delito de odio de indígenas contra los costeños en la parroquia rural Emilio María Terán en Píllaro, Tungurahua.
La justicia y la reconciliación: un llamado a la conciencia nacional
El Ecuador necesita un nuevo pacto social basado en la verdad, la igualdad y la moral cristiana.
No se trata de enfrentar a indígenas contra mestizos, ni de negar la pobreza o el derecho a la protesta; se trata de poner límites claros:
ninguna causa social justifica la violencia, el saqueo, ni la destrucción del prójimo.
El 77,5 % de los ecuatorianos mestizos que cada día trabajan, estudian, cultivan o comercian, merecen vivir sin miedo, sin discriminación y sin ser rehenes de grupos minoritarios que, amparados en su identidad, ejercen violencia y chantaje social.
El país necesita recordar que:
“Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.”
(Mateo 5:9)
La paz se construye con justicia, no con odio; con verdad, no con manipulación; con trabajo honesto, no con extorsión ni privilegio.
Violencia y delito de odio en Píllaro, Tungurahua.
Conclusión: una nación, una ley, un solo pueblo
Ecuador es una nación mestiza, católica en su corazón cultural, diversa y trabajadora.
El llamado es a la unidad sin miedo, a exigir que la ley se cumpla por igual para todos los ecuatorianos —indígenas, mestizos, afroecuatorianos o montubios— sin privilegios, sin excepciones y sin abusos.
El derecho a la identidad no puede convertirse en licencia para la violencia.
La verdadera justicia es la que protege al inocente y corrige al culpable, sin mirar color de piel ni procedencia.
Solo cuando todos respetemos la ley y la dignidad del otro, podremos decir que Ecuador es verdaderamente libre, cristiano y fraterno.
Indígenas ebrios en Píllaro amenazando en la parroquia rural Emilio María Terán.
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