En Ambato, locales ubicados frente a la escuela de conducción Safe drive y el parque Troya, donde se tramitan de manera fraudulenta certificados de revisión vehicular.

 

Por: Redacción Informa-Te Ve LATAM

 

(Investigación exclusiva – Sierra Centro del Ecuador)

 

I. Introducción

 

Mientras en la Sierra Centro las autoridades y hasta ciertos periodistas prefieren guardar silencio, Informa-Te Ve LATAM presenta una investigación exclusiva que destapa una de las prácticas más oscuras y normalizadas en Ambato: el mercado negro de certificados de revisión vehicular.

A simple vista, una fotocopiadora ubicada frente al Parque Troya y junto a la escuela de conducción Safe Drive, en la avenida Galo Vela, funciona como cualquier otro negocio. Pero según denuncias, allí se venden certificados “legales” emitidos en otros municipios y provincias del país… incluso en lugares donde los propietarios de los vehículos nunca han estado.

 

II. El testimonio que rompe el silencio

 

Un usuario, que prefirió mantener su nombre en reserva por temor a represalias, relató a este medio que desde 2022 no puede realizar el trámite de revisión vehicular de manera legal en Ambato.

“Tengo un vehículo con placa de la Costa. Vivo en un cantón de Cotopaxi, a una hora de Ambato, pero cuando intento cumplir con la revisión técnica en Shuyurco me dicen que no puedo, que debo ir al lugar donde compré el carro y me dieron la placa. Eso es absurdo, mi vida está aquí en la Sierra. Al final me obligan a pagar USD 140 en la copiadora frente al Parque Troya para que me den un certificado emitido en otro municipio, incluso de provincias que nunca he visitado. Me siento estafado y forzado a la corrupción”.

Este testimonio refleja una realidad que muchos ciudadanos enfrentan: la negación arbitraria del derecho a cumplir con un trámite legal, y la imposición de un camino corrupto como única alternativa.

 

III. Certificados que “viajan” entre provincias

 

Las denuncias recogidas por Informa-Te Ve LATAM confirman que en Ambato circulan certificados «legales» emitidos en:

• Puerto Quito (Pichincha)
• Olmedo y Chone (Manabí)
• Loja
• Pallatanga (Chimborazo)

De igual manera, en Cotopaxi y Chimborazo, funcionarios dicen a conductores con placas de Costa que deben regresar al cantón donde hicieron la primera matriculación, algo que no está contemplado en la ley. La “solución”, como en Ambato, es pagar en locales informales los USD 140 que garantizan circular sin problemas, aunque sin revisión técnica alguna.

 

IV. El contraste con los costos oficiales

 

Los valores oficiales de la revisión técnica en Ambato —según datos municipales— son muy inferiores a los cobros ilegales:

• Livianos: USD 37,58
• Pesados: USD 52,81
• Taxis y camionetas: USD 29,29
• Buses: USD 46,17
• Motos: USD 26,86
• Vehículos nuevos (primeros 3 años): USD 8

La diferencia es abismal: el mercado negro triplica o cuadruplica los valores legales, sin brindar el servicio de revisión ni garantizar la seguridad vial.

 

 

V. Derechos vulnerados

 

La negativa a permitir la revisión en el lugar de residencia constituye una violación grave de derechos constitucionales:

• Movilidad (Art. 66, numeral 14).
• Seguridad jurídica (Art. 82).
• Igualdad ante la ley (Art. 11).
• Acceso a una administración pública eficiente y transparente (Art. 227).

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) establece que la revisión debe realizarse en el cantón donde reside el propietario, sin importar si la placa es de la Costa o la Sierra.

 

VI. El marco legal que se incumple

 

• Constitución del Ecuador: Art. 233, 226 y 227 responsabilizan a servidores públicos de actuar con legalidad y transparencia.
• Ley de Tránsito: Art. 81 obliga a la revisión técnica.
• COIP:
  • Falsificación de documento público (Art. 287): 3 a 5 años de prisión.
  • Cohecho y concusión (Art. 280): 3 a 7 años.
  • Estafa (Art. 186): 5 a 7 años.
• Convenciones internacionales: ONU y OEA obligan al Estado a sancionar la corrupción.

VII. La fe frente a la corrupción

 

Más allá de las leyes, este caso es un escándalo moral. Como sociedad cristiana y católica, no podemos callar ante prácticas que obligan al ciudadano a ser cómplice de un sistema corrupto. Como dijo el Papa Francisco: “La corrupción es un cáncer que carcome el alma”.

La corrupción roba no solo dinero, sino la dignidad de las personas que, queriendo cumplir la ley, se ven forzadas a torcerla.

 

VIII. Conclusión

 

En la Sierra Centro todos saben: autoridades, funcionarios, e incluso periodistas que prefieren callar. La costumbre de “taparse con la misma colcha” ha normalizado una práctica que pone en riesgo la seguridad vial y que viola derechos ciudadanos.

 

Informa-Te Ve LATAM rompe ese silencio.

 

Este medio digital, comprometido con la verdad, presenta esta investigación exclusiva como un llamado urgente a la acción ciudadana, a la intervención de la Fiscalía, la Contraloría y la Agencia Nacional de Tránsito, y a la conciencia colectiva: no más certificados vendidos, no más derechos negados, no más corrupción disfrazada de trámite legal.

 

IX. La matriculación, otro negocio paralelo

 

La corrupción no se limita a la revisión técnica vehicular. El proceso de matriculación también está siendo manipulado con esquemas similares. Varios conductores denunciaron a Informa-Te Ve LATAM que, al tener placa de Costa y residir en la Sierra, les niegan la matriculación en Ambato y otros cantones de Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo. Funcionarios les dicen que deben volver al cantón de origen del vehículo o pagar en locales clandestinos para obtener el trámite sin inconvenientes.

Legalmente, según la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) y los lineamientos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), un vehículo puede matricularse en el lugar donde reside el propietario, sin importar si la placa es de Costa o Sierra. El cambio de placas de una región a otra no es obligatorio ni necesario, salvo en casos de robo o pérdida del automotor con denuncia judicial (Art. 159 del Reglamento de la ANT).

La negativa de los centros de revisión de Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo constituye, por tanto, un abuso administrativo y una violación del derecho a la movilidad y a la seguridad jurídica. Se trata de una interpretación arbitraria de la ley que alimenta la corrupción, pues el ciudadano termina pagando extraoficialmente para obtener lo que por ley le corresponde.

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