Imagen: “Papá, ven sálvame”: cuatro niños de Las Malvinas desaparecidos y miembros de la FAE en indagación
Por Ivonne Espinosa de Chóez – Periodista Profesional
Directora: Informa-Te Ve LATAM
Mayo 2025 – Quito, Ecuador
“Nos dicen que están para protegernos, pero a veces el peligro viene con uniforme y botas”, dice Rosa C., dirigente comunitaria de la provincia de Cotopaxi, con la voz firme y la memoria reciente. En su mente aún resuenan los gritos y el estruendo de botas militares entrando a su comunidad durante las protestas de octubre de 2022. “Entraron sin orden, golpearon a hombres, mujeres, incluso a niños. Nadie los sancionó”.
Mientras miles de ciudadanos sobreviven con sueldos mínimos o sin empleo, en el otro extremo del aparato estatal, una institución que ha ganado protagonismo en la vida nacional —las Fuerzas Armadas del Ecuador— se sostiene con millones de dólares del presupuesto público, pero acumula denuncias que cuestionan no solo su eficacia, sino también su rol social y ético.
Sueldos de alto rango y poca fiscalización
De acuerdo con la Tabla Sectorial Salarial 2025, publicada por el Ministerio de Defensa Nacional, un soldado ecuatoriano percibe entre $933 y $1,002 mensuales, mientras que un general del Ejército puede ganar hasta $5,560 mensuales. Estas cifras no incluyen bonos, viáticos, beneficios sociales ni compensaciones por operaciones especiales, lo que podría elevar los ingresos reales considerablemente.
¿Cuánto gana un militar en Ecuador en 2025? Sueldos privilegiados para una institución cada vez más cuestionada
Mientras Ecuador atraviesa una crisis social, económica y de seguridad sin precedentes, las Fuerzas Armadas —institución encargada de proteger derechos y garantizar libertades— reciben millones de dólares en sueldos, pese a las crecientes denuncias de inacción, abuso y violencia.
Según datos oficiales del Ministerio de Defensa Nacional, los militares ecuatorianos pueden ganar entre $933 como soldados y más de $5,560 mensuales como generales, sin contar bonos, beneficios sociales ni compensaciones adicionales. Todo esto, mientras miles de ciudadanos sobreviven con salarios inferiores a $500.
Salarios militares en 2025
| Rango | Salario mínimo (USD) | Salario máximo (USD) |
| Soldado | $933 | $1,002 |
| Cabo Segundo | $1,020 | $1,120 |
| Cabo Primero | $1,124 | $1,224 |
| Sargento Segundo | $1,254 | $1,408 |
| Sargento Primero | $1,462 | $1,611 |
| Suboficial Segundo | $1,735 | $1,804 |
| Suboficial Primero | $2,390 | $2,491 |
| Suboficial Mayor | $2,618 | $2,706 |
| Subteniente | $1,462 | $1,579 |
| Teniente | $1,735 | $1,846 |
| Capitán | $2,390 | $2,537 |
| Mayor | $2,618 | $2,994 |
| Teniente Coronel | $3,142 | $3,472 |
| Coronel | $3,928 | $4,332 |
| General de Brigada | $4,713 | $4,817 |
| General de División | $5,242 | $5,340 |
| General del Ejército | $5,481 | $5,560 |
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional, Tabla Sectorial 2025.
A esto se suma una estructura de ascensos internos, retiros anticipados con pensiones y participación en instituciones paralelas como el ISSFA (Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas), que garantiza beneficios preferenciales.
“El problema no es solo cuánto ganan, sino cuánto hacen”, apunta el analista de seguridad Miguel Saltos. “Hay miles de efectivos que no tienen funciones operativas reales la mayor parte del tiempo. Permanecen en cuarteles o son asignados a tareas burocráticas, pero siguen cobrando como si estuvieran en primera línea”.
Entre el uniforme y el abuso: el otro rostro de los militares
Pese a estos sueldos privilegiados, cada vez más sectores sociales denuncian que muchos militares no cumplen funciones activas de protección ni defensa, y por el contrario, utilizan su posición para ejercer violencia e intimidación.
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Casos como el de los niños golpeados por soldados en el sector de Las Malvinas (Guayaquil) conmocionaron al país, al evidenciar cómo se vulneran derechos fundamentales sin que haya responsables sancionados. En comunidades indígenas, organizaciones han documentado abusos, represión y atropellos cometidos por militares durante protestas y operativos extrajudiciales.
Pero el problema trasciende el espacio público: cada vez más denuncias apuntan a que militares activos y retirados ejercen violencia doméstica en sus hogares, amparados por el miedo que generan y por una cultura de silencio institucional. Organizaciones de mujeres han reportado que muchas víctimas no denuncian por temor a represalias o porque los agresores utilizan su investidura militar para intimidar y evadir la justicia.
En barrios y comunidades, se ha identificado que algunos militares también se presentan como “asesores inmobiliarios”, “vigilantes comunitarios” o “agentes de seguridad” para ejercer presión, chantaje o intimidación contra vecinos, ex parejas o víctimas de conflictos civiles, abusando de su autoridad, su entrenamiento y su imagen pública.
Sargento Franklin Albia, de la Brigada No. 11 Galápagos de Riobamba en 2022, fungía de asesor inmobiliario, usando su uniforme militar fue a un departamento a amenazar a inquilinos que él y su esposa Ana Curillo habían convenido un contrato de arrendamiento a favor de la señora Elizabeth Yánez quien violentó a los inquilinos.
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“Nos protegen, pero de ellos mismos”
“Nos dicen que están para protegernos, pero a veces el peligro viene con uniforme y botas”, comentó un líder comunitario de la Sierra central, donde las Fuerzas Armadas realizaron incursiones durante manifestaciones indígenas.
Desde organizaciones de derechos humanos se exige una revisión profunda del rol de los militares, su formación ética, y un sistema real de control civil y judicial, que no permita que su uniforme se convierta en una licencia para amedrentar, golpear o violar derechos humanos.
¿Rendición de cuentas o impunidad con sueldo?
Mientras el Estado ecuatoriano destina millones de dólares al mes para sostener esta estructura, persisten los cuestionamientos: ¿Qué hacen muchos de estos militares durante gran parte de su jornada? ¿Por qué se mantiene un sistema que premia el silencio y castiga la denuncia?
En un país donde miles de ciudadanos sobreviven con empleos informales o ingresos mínimos, los privilegios y el poder que ostentan ciertos miembros de las Fuerzas Armadas parecen cada vez más alejados de su misión constitucional.
Militares en las calles, comunidades bajo temor
Con el crecimiento de la violencia criminal en Ecuador, el gobierno ha autorizado despliegues militares masivos en ciudades como Guayaquil, Esmeraldas o Quito. Sin embargo, estos operativos han dejado más denuncias que resultados verificables.
Uno de los casos más sonados ocurrió en abril de 2025, cuando niños del sector Las Malvinas, en Guayaquil, fueron golpeados y humillados por militares durante un control territorial. El hecho, registrado en video por vecinos, desató indignación nacional, pero no produjo sanciones firmes.
La Defensoría del Pueblo y organizaciones indígenas como la CONAIE han denunciado múltiples abusos en operativos militares, especialmente durante movilizaciones sociales y protestas pacíficas.
“Nos reprimieron como si fuéramos criminales, no ciudadanos”, afirmó Nayra Ushca, joven kichwa que participó en las marchas de 2022. “Nos golpearon, nos lanzaron gas, y nunca nadie dio la cara. Ni disculpas, ni castigo”.
Uniforme en casa: violencia doméstica e intimidación
La violencia no termina en el espacio público. Organizaciones de mujeres, como la Fundación Aldea y colectivos de derechos humanos, han reportado un alarmante patrón de violencia doméstica perpetrada por miembros de las Fuerzas Armadas.
“Recibimos denuncias de mujeres que temen hablar porque sus agresores son militares. Les dicen: ‘¿A quién le vas a ganar si soy del Ejército?’”, explica Gabriela Escobar, abogada especializada en género.
Algunas víctimas aseguran que sus agresores, incluso retirados, usan su rango militar para intimidar, presionar en procesos judiciales o incluso manipular entornos comunitarios.
En varios barrios de Quito, Guayaquil y Cuenca, se ha reportado que exmilitares actúan como “asesores inmobiliarios”, vigilantes privados o mediadores comunitarios, funciones que muchas veces usan como fachada para acosar o amenazar a ex parejas o vecinos en conflicto.
“Hay casos donde usan el uniforme como herramienta de miedo. No se presentan como ciudadanos comunes, sino como soldados ‘en misión’. Eso es abuso de poder”, denuncia Escobar.
El Estado que no fiscaliza
Pese a estas denuncias, la institucionalidad del Estado no ofrece mecanismos reales de fiscalización o sanción a los militares implicados en violencia o corrupción. Las denuncias internas rara vez prosperan, y cuando lo hacen, se diluyen en tribunales militares sin acceso público.
Mientras tanto, los sueldos siguen llegando puntuales, y con ellos, un sistema que parece premiar el silencio, la obediencia ciega y la impunidad.
¿Y ahora qué?
El país enfrenta un dilema profundo: ¿Cuál debe ser el verdadero rol de las Fuerzas Armadas en la democracia ecuatoriana? ¿Se trata de una institución para proteger derechos o para protegerse a sí misma?
En medio de la militarización del espacio civil, el aumento de la violencia institucional y los cuestionamientos éticos, la ciudadanía exige respuestas claras y cambios estructurales.
“Los militares no pueden seguir siendo intocables. Tienen poder, armas, salarios altos… y también deben tener límites y responsabilidades”, sentencia Rosa C., mientras señala los cerros donde aún se oyen los ecos de las botas que entraron sin permiso.
VEA: CAPTURAS DE WHATSAPP DEL SARGENTO DE LA BRIGADA GALÁPAGOS FRANKLIN ALBIA EN 2022
Reportaje con base en:
- Ministerio de Defensa Nacional – Tabla Salarial 2025
- Defensoría del Pueblo
- Fundación Aldea y Observatorio de Violencia de Género
- Testimonios recogidos en comunidades y medios digitales
- Colectivos sociales y archivos de redes sociales
En una próxima entrega lea sobre los abusos policiales en Ecuador.