Justicia indígena o tiranía local: cuando la ley es reemplazada por la imposición y el silencio

Imagen de Cotopaxi Digital «Comuneros detenían el tráfico para solicitar las colaboraciones, lo cual generó incomodidad y confusión, especialmente entre quienes no están familiarizados con esta supuesta práctica cultural».

Por: Ivonne Espinosa de Chóez, Periodista Profesional – Directora de Informa-Te Ve LATAM

Mientras las autoridades miran hacia otro lado, comunidades enteras de la Sierra ecuatoriana continúan instaurando un sistema paralelo de poder, justicia y control social que vulnera sistemáticamente los derechos constitucionales y humanos de miles de ciudadanos. Lo que se presenta como “justicia indígena” en muchos sectores no es más que una forma de autoritarismo local disfrazado de cultura ancestral.

Saraugsha, Pujilí: una vía tomada, una fiesta sostenida por la intimidación

Durante la Semana Santa reciente, en la comuna de Saraugsha, zona rural de Zumbahua, cantón Pujilí, un grupo de comuneros disfrazados de policías y militares se tomó un tramo de la vía E30, que conecta la Sierra (Cotopaxi) con la Costa (Los Ríos), específicamente hacia La Maná. Detenían vehículos, exigían pagos obligatorios bajo amenaza, supuestamente para “costear las fiestas religiosas” de la comunidad.

Conductores relatan que pagaron por miedo, sin entender a quién ni por qué. La escena fue conocida por muchos, pero las autoridades locales, provinciales e incluso nacionales, hicieron como si nada hubiera pasado. Nadie intervino. No hubo investigaciones. No hubo sanciones. La vía nacional fue convertida en una aduana ilegal para financiar orgías, bailes y borracheras, como relatan testigos locales, todo bajo la justificación de tradiciones culturales.

Lo que informó: Cotopaxi Digital

POLÉMICA EN ZUMBAHUA: EXPRESIÓN CULTURAL FUE CONFUNDIDA CON EXTORSIÓN EN VÍA ESTATAL

La mañana del sábado 19 de abril, en la comunidad de Zumbahua, provincia de Cotopaxi, se registró una situación que generó controversia entre ciudadanos y viajeros que transitaban por la zona. Varios comuneros, disfrazados de policías y militares, realizaban una representación tradicional, pidiendo colaboraciones económicas a los conductores que circulaban por una vía estatal.

Este tipo de actividades forman parte de expresiones culturales ancestrales propias de la comunidad, relacionadas con festividades locales y actos simbólicos. Sin embargo, varios ciudadanos que se desplazaban por la zona interpretaron la acción como una forma de extorsión, al sentirse presionados a entregar dinero para poder continuar su camino.

Según testigos, los comuneros detenían el tráfico para solicitar las colaboraciones, lo cual generó incomodidad y confusión, especialmente entre quienes no están familiarizados con esta práctica cultural.

Si bien la intención de la comunidad era mantener viva una representación simbólica, desde distintos sectores se ha pedido que estas expresiones se realicen con orden y sin afectar el libre tránsito, para evitar malentendidos o generar percepción de abuso.

Las autoridades aún no se han pronunciado, pero es muy inportante que los dirigentes de estas comunidades realicen estos eventos con mayor coordinación y control, para garantizar que las tradiciones culturales se preserven con respeto, sin interferir con los derechos de quienes utilizan la vía pública.

El patrón se repite en toda la Sierra ecuatoriana

Este no es un caso aislado. En parroquias como Emilio María Terán (Píllaro), Alausí (Chimborazo), Bayushig (Calpi), zonas rurales de Riobamba, Ambato, Latacunga y más, se han documentado abusos similares:

Imposición de peajes ilegales durante paros.
Amenazas de linchamiento a quienes no acaten órdenes comunales.
Castigos físicos y humillación pública a supuestos delincuentes sin juicio.
Privación de agua potable y tierra a comuneros que no obedecen.
Obligación de asistir a mingas con multas de hasta $40 a adultos mayores.
Manipulación de ayudas humanitarias.
Encubrimiento de violencia intrafamiliar, infidelidades, alcoholismo y contaminación ambiental.

Un supuesto extorsionador fue quemado vivo en el cantón Guamote , provincia de Chimborazo, el 10 de octubre de 2023. Los uniformados informaron que el sujeto no registraba antecedentes penales.

¿Dónde están los derechos constitucionales e internacionales?

La Constitución de Ecuador reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas (art. 57 y 171), pero ninguno de esos artículos permite atropellar los derechos individuales. Al contrario, se subraya que todas las prácticas de justicia indígena deben respetar la Constitución y los derechos humanos.

Artículo 66 de la Constitución: garantiza la dignidad humana, el debido proceso, la libertad de tránsito, y la protección contra tratos crueles.
Artículo 76: establece que nadie puede ser sancionado sin juicio previo, sin pruebas, sin defensa.
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José): prohíbe la detención arbitraria, el castigo sin juicio, la discriminación, y el uso de fuerza sin control legal.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: defiende la libertad individual, el derecho a un juicio justo y la no injerencia arbitraria en la vida de las personas.

Nada de esto se cumple en las prácticas impuestas por ciertos sectores indígenas en la Sierra.

El Estado: ausente, temeroso o cómplice

La omisión de las autoridades es alarmante. Policías que no intervienen. Funcionarios que callan. Políticos que temen perder votos. Mientras tanto, los derechos de ciudadanos comunes —indígenas y no indígenas— son violados diariamente. Incluso muchos comuneros disidentes viven bajo amenaza constante, como lo afirma Alexander, nieto de un comunero en Riobamba: “Si no van al paro, les quitan el agua o les invaden sus tierras. La gente no quiere ir, pero va obligada.”

Una verdad incómoda que urge enfrentar

La narrativa oficial de que todos los pueblos indígenas actúan en unidad, con respeto y armonía con la naturaleza, ignora los abusos internos, la corrupción local, la violencia doméstica, y la contaminación ambiental que ocurre dentro de muchas de estas comunidades.

No se puede tolerar más este doble estándar. El Ecuador debe ser un país de derechos, no de silencios. De justicia, no de miedo. El Estado debe proteger a todos sus ciudadanos por igual. No hay cultura que justifique el chantaje, la violencia ni la impunidad.

Es hora de que el país despierte, mire de frente esta realidad y actúe.

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