Imagen de un calle de Píllaro donde a diario los vehículos se estacionan mal y conductores hacen lo que quieren a vista y paciencia de la Policía.

 

Por Redacción Informa-Te Ve LATAM

“Porque fui forastero y me recibieron, estuve enfermo y me visitaron…”
(Mt 25,35)

Con esas palabras del Evangelio según San Mateo, la Iglesia Católica nos recuerda el deber sagrado de acoger, amar y proteger a todo ser humano que busca un nuevo comienzo. Pero lo que vive una familia guayaquileña que emigró a la Sierra Centro del Ecuador buscando paz, trabajo y respeto, parece contradecir no solo las leyes humanas, sino también el mandamiento más importante: amar al prójimo como a uno mismo.

Ivonne y su esposo Jorge dejaron su ciudad natal con la esperanza de encontrar salud y un entorno más tranquilo para vivir, algo que ya no es posible en su tierra. Sin embargo, su testimonio expone una realidad dura, alarmante y dolorosa: discriminación sistemática, violencia institucional, abuso de autoridad y un profundo desprecio por el forastero, el que viene “de fuera”.

En este vídeo en una de las tantas fiestas que hacen en Píllaro, estábamos en Pelileo y al volver a casa vimos y escuchamos en la aplicación de la cámara que había una fiesta escandalosa y al llamar a la Policía al 911 mientras retornábamos a casa, nos respondieron de manera grotesca que ellos supuestamente no podían hacer nada porque era una fiesta en predio privado y no era cierto y de paso me dijeron que YO POR TODO HAGO ESCÁNDALO, cuando estas fiestas con borrachos son recurrentes en toda la sierra centro y todos los fines de semana y no permiten dormir, sin embargo LOS ESCANDALOSOS SON DEFENDIDOS PORQUE LA POLICÍA ALEGA QUE TIENEN DERECHO A FESTEJAR COMO TANTAS VECES AFIRMARON.

 

La familia ha residido en comunidades de Alausí, Riobamba, Ambato, Píllaro, Pelileo y ahora Pujilí, pero en todas han encontrado el mismo patrón: fiestas escandalosas en la vía pública, borracheras incontroladas, uso ilegal de espacios públicos, amenazas constantes, y una policía que, lejos de proteger, minimiza, ignora o incluso colabora con los agresores

 

Una de las experiencias más desgarradoras ocurrió en la parroquia Emilio María Terán de Píllaro, donde el presidente del GAD parroquial, Ángel Jácome, acusó falsamente a la familia de agredir a vecinos, lo que motivó una rápida intervención policial. En contraste, cuando la familia llamó desesperadamente al 911 tras recibir amenazas y sufrir daños materiales como la ruptura de vidrios en su casa, no recibieron respuesta alguna. Más aún, la patrulla que sí acudió terminó incitando a los vecinos a amedrentar a la familia, que quedó resguardada solo por un débil cerramiento y su fe en Dios.

En Ambato, un conductor en evidente estado etílico nos embistió con su vehículo, llamamos al 911 tras demorar cerca de media hora, llegó un policía quien nunca solicitó prueba de alcoholemia y pese a que presenté este vídeo como evidencia de lo ocurrido, alegó que si denunciábamos, él tenía que llevarse los vehículos al canchón y tendríamos que gastar para sacarlo. El populacho de la zona salió a defender a su conocido y nosotros tuvimos que irnos y pagar los daños de nuestro vehículo.

 

Los videos enviados a las autoridades demuestran claramente la inacción de la policía, así como los insultos, desprecios y constantes revisiones vehiculares motivadas únicamente por tener placas de la Costa. “Nos paran, nos revisan como si fuésemos delincuentes, nos miran de arriba abajo. Pero los locales infringen la ley impunemente y nadie les dice nada”, señala Ivonne. Esa discriminación también fue evidente en un accidente ocurrido en Ambato, donde, a pesar de que el conductor que los chocó estaba ebrio, la policía no le hizo la prueba de alcoholemia ni permitió que se presente denuncia, argumentando que llevar los vehículos al canchón sería ‘un problema’.

 

Militar alardeando de su uniforme y de que es sargento de las FFAA afirma que puede hacer lo que quiere e incluso botarnos a los perros, que en la parroquia nadie nos quiere porque somos de la costa y que ellos pueden hacer lo que les da la gana, exactamente así es como nos trataban.

 

En la sierra centro, los derechos de los migrantes internos se pisotean a diario. Hay comunidades que cierran calles para fiestas con carpas y licor, academias de dudosa legalidad que operan con menores en entornos inadecuados y con parlantes a alto volumen, y una actitud institucional que parece más interesada en proteger el escándalo que la paz social. La policía llega, pide bajar el volumen por unos minutos y se retira. Luego, el caos continúa. Y esto no solo se limita a los policías, también militares.

En la parroquia Emilio María Terán de Píllaro, un conductor menor de edad chocó con el portón de la que fue nuestra casa en ese lugar el día de la madre, llamamos al 911 y tras insistir, llegó un policía «bravo» porque según dijo, tenía «cosas más importantes que hacer», como vio que estábamos grabando, preguntó quien me había dado autorización, le dije que soy periodista profesional y es mi derecho tomar evidencia de lo ocurrido, cuando mi esposo indicó que quien era el conductor era menor de edad, propuso que «arreglemos» para evitar que pase a mayores la situación, el policía defendió

La familia ha tocado las puertas del Ministerio del Interior, la Policía Judicial, la Fiscalía y los Municipios, presentando denuncias desde 2023. El resultado: silencio, dilación, negación. Un reciente memorando oficial llegó incluso a decir que “no se evidencia discriminación ni abuso”, a pesar de los videos, los testimonios, las pruebas documentadas.

 

Ahora en Pujilí, las mismas fiestas en carpas en las calles y la Policía hace caso omiso y miente, en esta ocasión indicaron primero que era en un predio privado como siempre, como tenemos evidencia, en otra llamada dijeron que tenían permisos para ocupar la calle, cuando les dijimos que nos muestren los permisos, dijeron que no tenían por qué hacerlo y que preguntemos al Municipio o Intendencia de Policía, como insistimos llamando porque la obligación de la Policía es retirar a todos los que ocupen vías públicas para eventos privados y peor con borrachos libando en las calles, respondieron que yo no era quien para decirles qué hacer y que ponga la denuncia. ASÍ SON LOS POLICÍAS, 1 de 1000 CUMPLE, EL RESTO NO HACE SU TRABAJO Y PERSIGUE FORÁNEOS.

 

La Policía de Pujilí en una de las tantas llamadas del sábado 5 de julio por otra fiesta escandalosa en Pujilí, alegaba que es una fiesta indígena y que están en un predio privado y con permisos, lo cual no era cierto como se observa en el vídeo anterior. 

 

La Constitución del Ecuador, en su artículo 11, prohíbe toda forma de discriminación. El artículo 66 numeral 27 garantiza el derecho a un ambiente sano, y el artículo 163 impone a la Policía Nacional el deber de proteger a los ciudadanos y mantener el orden. Además, el Acuerdo Ministerial 103 del Ministerio del Ambiente regula los niveles de ruido. Todo esto, día tras día, es ignorado.

 

Pero más allá de la ley, está la ley del amor y de la dignidad humana. Jesucristo fue migrante, forastero, extranjero, y enseñó a su Iglesia a mirar al otro no por su origen, sino por su dignidad como hijo de Dios. Lo que hoy vive esta familia, y muchas otras personas que migran internamente en su propio país o extranjeros que llegan acá en busca de mejores días, es una afrenta no solo al orden legal, sino al orden moral cristiano.

La ley de tránsito en la sierra centro que es responsabilidad de la Policía como en Píllaro, tampoco se aplica, solo para perseguir costeños con la intención de detenerlos por machismo, sensación de poder u odio gratuito por la historia

¿Cuántas familias más deben callar por miedo? ¿Cuántas deben huir dentro de su propio país porque las autoridades protegen más el escándalo que la verdad? ¿Qué tipo de país somos si el regionalismo sigue siendo más fuerte que la ley y más fuerte que el Evangelio?

 

El regionalismo es real y lo sufrimos en carne propia: he sido llamada “ladrona” y “delincuente” por mi origen, y se me ha dicho que “vuelva a mi tierra”. Estas expresiones y acciones no son aisladas, sino parte de un patrón social discriminatorio y sistemáticamente tolerado por las autoridades, en violación del Art. 11 numeral 2 de la CRE, el Art. 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Art. 176 del COIP, y otros instrumentos de protección internacional ratificados por el Ecuador.

 

La imposición de la borrachera y la negligente o nula intervención policial vuelve insostenible la vida de los foráneos en la sierra centro. 

 

Las familias migrantes exigen algo básico: vivir con dignidad, sin ser estigmatizados por su acento o su ciudad de origen. Ellos no piden privilegios, piden igualdad ante la ley, protección y justicia.

Como Iglesia y como sociedad, debemos alzar la voz. Porque el Cristo que adoramos también fue despreciado por su lugar de nacimiento, también fue perseguido, también fue juzgado injustamente. Defender al migrante, al forastero, al discriminado, no es una opción. Es un mandamiento.

Me permito una pregunta simple y directa, ¿Debemos esperar que nos maten para que la Policía venga y haga el levantamiento de nuestros cadáveres y digan que realizarán investigaciones para dar con el paradero de los implicados? 

 

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