Imagen del Alcalde de Pujilí, José Arroyo, tomada del Instagram de Diario El Comercio.

 

Pujilí ante el juicio de la justicia y de Dios: La gota que derramó el vaso.

 

Redacción Informa-Te Ve LATAM

 

Pujilí, Cotopaxi – Agosto 7, 2025

 

La detención del alcalde del cantón Pujilí, José Arroyo, acaecido hoy 7 de agosto de 2025, por presuntos actos de corrupción y malversación de fondos públicos, ha generado un remezón social, político y espiritual en el corazón de la provincia de Cotopaxi y toda la sierra centro. Para muchos ciudadanos que durante meses denunciaron la falta de transparencia, el abandono institucional y el uso inmoral de celebraciones religiosas con fines políticos, este hecho no ha sido una sorpresa, sino una confirmación de lo que ya se había advertido.

Lo que hoy la justicia terrenal empieza a destapar, el Cielo ya lo había sentenciado: de Dios nadie se burla.

 

La advertencia que fue ignorada

 

En junio de 2025, el equipo de Informa-Te Ve LATAM, en ejercicio de su derecho constitucional a la participación y control social, denunció el uso indebido de la Solemnidad del Corpus Christi, una de las celebraciones más importantes del calendario litúrgico católico, por parte del alcalde José Arroyo y su equipo municipal. Lo hicieron ante el Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y, finalmente, ante la Presidencia de la República.

Estas denuncias no fueron ligeras ni malintencionadas: se sustentaron en hechos, informes técnicos y documentos públicos que prueban la tergiversación del significado religioso, la promoción de espectáculos inmorales y la utilización de recursos públicos para eventos que, lejos de dignificar la cultura, generaron escándalo, vulgaridad y profunda indignación en la comunidad católica.

A pesar de estas advertencias, el alcalde prefirió callar, esconder información, bloquear a quienes le cuestionaban y burlarse abiertamente del mensaje evangélico. Lo más grave: osó usar el Santo Nombre de Dios en vano y profanó con sus decisiones la Solemnidad del Cuerpo de Cristo.

 

La falta de agua potable en Pujilí, un problema de décadas.

 

La Defensoría del Pueblo —cuyo deber es proteger los derechos ciudadanos, incluidos los de conciencia y religión— archivó en un inicio hace unos meses atrás, un caso grave sobre agua potable alegando falta de testimonios y de reclamos formales, pese a la existencia de documentación probatoria y de informes claramente cuestionables. La Empresa Pública Municipal de Agua Potable, inicialmente, emitió un informe falso, el cual fue avalado por la Delegación Provincial de la Defensoría en Cotopaxi, luego tras un intenso, continuo y agotador seguimiento ante esta institución pública, se logró que la EPAPAP comience a responsabilizarse con seriedad de lo que debió haber hecho desde hace muchos años atrás, trabajar para que el problema del agua potable en Pujilí termine y los derechos ciudadanos sean respetados.

 

Abuso de funcionarios del Municipio de Pujilí y Empresa Eléctrica de Cotopaxi ELEPCOSA

 

El 20 de junio de 2025, una ciudadana presentó una enérgica respuesta a la Defensoría del Pueblo en Cotopaxi dentro del caso CASO-DPE-0501-050101-200-2025-003001, denunciando el incumplimiento de plazos por parte del Municipio de Pujilí y la Empresa Eléctrica Cotopaxi, así como la falta de acción firme por parte del delegado provincial, Ab. Romel Tupiza. La peticionaria expuso graves vulneraciones a derechos constitucionales como cortes de luz sin notificación, censura digital, abuso de autoridad y uso indebido de fondos públicos en eventos religiosos, exigiendo sanciones, investigaciones y transparencia institucional. Advirtió que, de persistir la omisión estatal, acudirá a instancias nacionales e internacionales para hacer valer sus derechos.

 

El informe técnico: banalización institucional del Corpus Christi

 

El informe técnico Nro. INPC-DTZ3-CT-PT-2025-142-I, elaborado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural – Zonal 3, describe a la Solemnidad del Corpus Christi como una “diversión popular” y presenta con naturalidad la inclusión de espectáculos como la presentación del grupo “Las Diablitas Taz Taz”, cuyas actuaciones han sido calificadas por la ciudadanía como inmorales, obscenas y completamente ajenas al respeto que merece un acto de fe como la Santa Eucaristía.

En dicho informe se reconoce que estas actividades pueden “alterar la percepción global de la fiesta” y generar “una degradación progresiva de su significado”, pero se minimiza el impacto real que tuvo en la sensibilidad de los fieles. Incluso se justifica la participación de estos grupos musicales en nombre de la «modernidad», invisibilizando el dolor de una comunidad que ve cómo su fe es distorsionada, comercializada y pisoteada por autoridades que se escudan en la interculturalidad para promover el libertinaje.

 

Violación de derechos constitucionales y profanación institucionalizada

 

La Constitución del Ecuador garantiza en su artículo 66, numeral 8, el derecho de toda persona a practicar y profesar su religión en libertad y con respeto. El artículo 3, numeral 1, establece el deber del Estado de garantizar estos derechos sin discriminación alguna. Sin embargo, lo que ocurrió en Pujilí contradice abiertamente estos principios.

La participación del Estado, a través del GAD Municipal, en la organización y financiación de eventos ofensivos para la fe católica es, simple y llanamente, una profanación institucionalizada.

Se vulneraron además los artículos:

• 179 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la profanación de actos religiosos.
• Artículo 4, literal e) de la Ley Orgánica de Cultura, que obliga a respetar la dimensión religiosa del patrimonio cultural inmaterial.

 

Contraloría, silencio y omisión

 

A pesar de haberse presentado en su momento una denuncia formal ante la Contraloría General del Estado, esta institución trató de deslindarse de su competencia, argumentando que la denuncia “no encuadraba dentro de las funciones fiscalizadoras prioritarias”. Un oficio enviado por dicha entidad a Informa-Te Ve LATAM dejó en evidencia la falta de voluntad para investigar el uso de fondos públicos en eventos claramente cuestionados por la ciudadanía.

Este silencio institucional ha sido cómplice del deterioro ético, cultural y espiritual de la administración pública de Pujilí.

 

La justicia de Dios es perfecta y no se demora

 

Hoy, con el alcalde detenido, los ojos del país se vuelven hacia un cantón sumido en el desorden, sin agua potable permanente, con graves problemas de alcoholismo, violencia intrafamiliar, inseguridad, y una población que ha sido abandonada moral y espiritualmente por quienes debían liderar con integridad.

La ciudadanía tiene ahora la oportunidad de reflexionar y asumir su responsabilidad. Dios es grande, pero también justo. Nadie se burla de Él sin pagar las consecuencias. Así de simple.

Como reza la Escritura:

“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.”
(Gálatas 6:7)

 

Conclusión: Pujilí debe doblar sus rodillas y pedir perdón

 

El pueblo de Pujilí debe entrar en un proceso de arrepentimiento colectivo, de examen de conciencia, de conversión. No es solo un tema político, sino espiritual. Es hora de dejar atrás la hipocresía, el show, el pecado estructural. El pecado de ocultar la verdad. El pecado de permitir que el mal se vista de cultura.

Este no es el fin. Es solo el comienzo de la purificación que esta tierra necesita.

Que se investigue.
Que se transparenten los fondos.
Que se corrijan los expedientes.
Que se respete la fe católica.
Y que cada autoridad rinda cuentas ante Dios y ante el pueblo.

Porque más rápido cae un mentiroso que un ladrón, y cuando Dios actúa, ningún poder humano puede detener su justicia.

 

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