Continúa la intermitencia en el servicio de agua potable pese a haber varias denuncias a la Defensoría del Pueblo – Delegación Cotopaxi. Informa-Te Ve LATAM.

Por Redacción Investigativa – 10 de junio de 2025

PUJILÍ, COTOPAXI. – La indignación ciudadana crece en el cantón Pujilí ante el servicio deplorable y prolongadamente deficiente de agua potable que afecta a centenares de familias, sin que hasta la fecha exista una solución técnica ni respuesta institucional efectiva por parte de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pujilí (EPAPAP). Lo más alarmante: la Defensoría del Pueblo Delegación Cotopaxi, lejos de exigir responsabilidades, ha optado por justificar y otorgar prórrogas a la empresa, a pesar de su incumplimiento sistemático.

Desde abril de este año, el equipo de Informa-Te Ve LATAM, ha liderado reclamos formales ante la Defensoría denunciando que el servicio de agua potable en la zona residencial donde viven es inaceptable y violatorio de derechos humanos fundamentales. Sin embargo, tras más de 50 días, los usuarios siguen sin agua constante ni respuestas eficaces.

El colmo ha llegado con la reciente providencia oficial emitida por la Delegación Cotopaxi de la Defensoría del Pueblo, en la que, pese a reconocer que la EPAPAP respondió fuera del plazo legal (informe calificado como “extemporáneo”), se le otorgan cinco días más para contestar, alegando que la falta de respuesta se debe a la salida del técnico responsable que —según la empresa— no dejó respaldo ni documentación alguna.

“Esto es una burla. Todo servidor público está obligado por ley a dejar constancia de su trabajo al salir de una institución. Mi esposo fue funcionario público y sabemos que eso no es opcional, es obligatorio”, expresó Ivonne Espinosa,  quien denunció que esta justificación aceptada por la Defensoría refleja la falta de seriedad, compromiso y objetividad con que se maneja la situación.

En efecto, la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) establece en su artículo 44 que todo funcionario al cesar en sus funciones debe entregar oportunamente bienes, documentos e información a su cargo, obligación que fue claramente incumplida por la EPAPAP.

Además, Espinosa criticó duramente que la Defensoría insista en que la EPAPAP es independiente del Municipio de Pujilí. “¿Cómo puede decirse que no hay relación con el Municipio cuando la propia empresa se llama ‘Municipal’? Eso es encubrimiento institucional”, sentenció.

En una respuesta enérgica, enviada de forma oficial, la ciudadana exigió que la Defensoría deje de actuar como alcahuete de funcionarios públicos y asuma su rol constitucional como garante de derechos humanos, sobre todo en contextos de servicios básicos, como el acceso al agua potable.

Mientras tanto, los moradores de Pujilí siguen recibiendo agua a cuentagotas, en condiciones precarias, con cortes prolongados y sin alternativas, en una situación que ya debería considerarse una emergencia sanitaria y de derechos humanos.

Los afectados han sido convocados a una nueva reunión el próximo 18 de junio en la Delegación Cotopaxi, pero exigen respuestas concretas y sanciones claras, no más excusas.

¿Hasta cuándo los ciudadanos tendrán que soportar negligencia, complicidad y silencio institucional mientras se vulnera su derecho al agua?

Oficios enviados y recibidos – Delegación de Cotopaxi – Defensoría del Pueblo: Providencias Delegación de Cotopaxi – Defensoría del Pueblo

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