Imagen de basura frente a la construcción del nuevo centro de revisión vehicular, norte de Pujilí. Informa-Te Ve LATAM

Por Redacción Investigativa – 10 de junio de 2025

PUJILÍ, COTOPAXI. – Mientras cientos de familias siguen sin agua potable continua y de calidad, el Municipio de Pujilí organiza y permite celebraciones desmedidas, entre ellas la reciente festividad del Corpus Christi, marcada por desfiles, fuegos artificiales, gastos excesivos y borracheras públicas financiadas con dinero municipal, en medio de una profunda crisis de servicios básicos.

Lo que debería invertirse en mejorar la red de agua potable, reparar calles completamente deterioradas que se convierten en cantinas de orgías y borracheras, ordenar el caos del comercio informal y garantizar una atención pública digna y eficiente, termina gastado en fiestas. Y lo más grave: todo esto ocurre ante los ojos permisivos de la Defensoría del Pueblo – Delegación Cotopaxi, que en vez de actuar como órgano de control ciudadano, parece más una oficina de excusas y encubrimiento institucional.

La periodista Ivonne Espinosa, directora de Informa-Te Ve LATAM, una de las ciudadanas que lidera la denuncia, cuestiona con firmeza el doble discurso:

“La Defensoría no está para justificar incumplimientos. Está para proteger derechos. Pero en lugar de exigir sanciones o activar investigaciones, actúa como vocera de los funcionarios incumplidos. Nos dicen que la EPAPAP es independiente del Municipio, ¡pero el nombre lo dice claro: Empresa Pública Municipal.

Y mientras se niega agua potable digna a la población, la alcaldía despilfarra recursos en celebraciones tradicionales que, aunque alegan ser culturales, no pueden anteponerse a necesidades prioritarias como la salud, la higiene, la movilidad urbana y la organización del espacio público.

Esta situación no solo es moralmente inaceptable, sino ilegal. La COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización) establece claramente las obligaciones municipales. Según el artículo 54, son competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales:

“Proveer los servicios públicos de agua potable y alcantarillado (…)”
“Planificar, construir y mantener la vialidad urbana”
“Controlar el uso y ocupación del suelo”
“Regular y controlar la utilización del espacio público”

El artículo 55, a su vez, obliga a los GAD municipales a garantizar la participación ciudadana, la eficiencia administrativa y la inversión responsable de los recursos públicos, priorizando el bienestar colectivo.

“Queremos agua potable 24/7, calles en buen estado, atención eficiente y respetuosa por parte de los funcionarios públicos y obras que avancen con agilidad. No vamos a aceptar después que nos digan que no hay presupuesto, cuando todo lo gastan en fiestas, borracheras y espectáculos”, denunció Espinosa.

Es indignante que en un escenario donde el propio Municipio incumple sus funciones básicas, la Defensoría del Pueblo –en lugar de exigir una investigación exhaustiva por negligencia institucional, despilfarro de fondos públicos y posibles vulneraciones de derechos humanos– prefiera poner en duda la veracidad de las denuncias ciudadanas y actuar como un facilitador de excusas.

Mientras tanto, los niños se bañan agua potable en baldes muchas veces sucia, los adultos almacenan agua en condiciones insalubres y los enfermos no pueden acceder al líquido vital con regularidad. Todo esto, en pleno siglo XXI y a vista y paciencia de autoridades locales que festejan mientras la ciudadanía sobrevive.

¿Hasta cuándo la Defensoría será cómplice? ¿Hasta cuándo el Municipio priorizará la farra sobre el agua?

La ciudadanía exige lo que le corresponde por derecho y ley: servicios dignos, eficientes y constantes. Y también exige autoridades que trabajen para el pueblo y no para la imagen política ni los espectáculos públicos.

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