Imagen de uno de los tantos comunicados donde la EPAPAP «informa» de cortes de agua potable, los cuales son recurrentes sin solución definitiva. 

Redacción Investigativa – 10 de junio de 2025

PUJILÍ, COTOPAXI. – El acceso al agua potable en el cantón Pujilí sigue siendo un drama diario para cientos de familias que viven entre cortes, racionamientos arbitrarios, turbiedad del líquido y una ausencia absoluta de soluciones estructurales desde mucho tiempo atrás. Lo más grave: la institución encargada de velar por los derechos de los ciudadanos, la Delegación Provincial de Cotopaxi de la Defensoría del Pueblo, se ha hecho de la vista gorda, normalizando la negligencia y permitiendo que el problema escale sin sanciones, sin investigaciones reales y sin medidas urgentes.

Aunque la ley garantiza el derecho al agua potable como un derecho humano irrenunciable, en la práctica, los ciudadanos de Pujilí enfrentan un sistema colapsado, sin respuestas claras ni técnicas por parte de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pujilí (EPAPAP). Peor aún, dicha entidad no solo no cumple con su obligación legal de garantizar el servicio, sino que miente descaradamente a través de sus redes sociales oficiales.

En publicaciones como la del 24 de noviembre de 2024, la EPAPAP, junto con el Cuerpo de Bomberos, aseguró estar «abasteciendo de líquido vital al cantón» y presentó la entrega de agua con tanqueros en barrios como Calvario Norte, Calvario Sur y Cashapamba como si fuera un acto heroico y solidario, cuando en realidad es la confirmación más cruda de su fracaso institucional. Lo disfrazan con frases como «el sendero líquido de la vida», cuando lo que la gente vive es sed, frustración y abandono.

Esta narrativa de propaganda busca lavar la imagen de la empresa, mientras oculta que el agua no llega con regularidad a la mayoría de barrios, que los usuarios pagan por un servicio que no reciben, y que las verdaderas soluciones —como inversión en redes, mantenimiento técnico y planificación responsable— nunca llegan. La EPAPAP utiliza su fanpage como cortina de humo, mientras evade responsabilidades legales y técnicas.

La indignación ciudadana existe, pero está fragmentada. Muchos usuarios quieren reclamar, pero no saben cómo ni ante quién hacerlo, y otros no se atreven por temor, desinformación, o por vivir en situaciones legales irregulares con sus propiedades, lo que los hace vulnerables a represalias. Esta falta de organización ha sido aprovechada por autoridades que callan o maquillan los problemas.

Imágenes de publicidad engañosa de la Empresa Pública de Agua Potable de Pujilí.

Y cuando un grupo de ciudadanos sí se organiza, presenta denuncias y exige respuestas —como el caso de la periodista Ivonne Espinosa y su familia, quienes han documentado públicamente la situación—, la Defensoría del Pueblo no actúa como garante, sino como espectadora pasiva, justificando retrasos de la EPAPAP, evitando investigar a fondo y repitiendo argumentos burocráticos sin resultados tangibles.

En un país donde el derecho al agua está protegido en la Constitución y en la COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización) —artículos 54 y 55—, es inaceptable que la administración pública de Pujilí y sus entes vinculados sigan operando con negligencia, desinformación y encubrimiento.

Resulta insultante que la EPAPAP desde hace mucho tiempo atrás, tal como se evidencia utilice su fanpage oficial para disfrazar su ineficiencia con discursos emotivos y publicaciones que romantizan la entrega de agua en tanqueros como si fuera un logro institucional, cuando en realidad es la evidencia más cruda de su fracaso; decir que están “abasteciendo el líquido vital” es una burla a las familias que llevan semanas sin agua en sus grifos, que pagan por un servicio que no reciben y que, en lugar de soluciones estructurales, reciben propaganda engañosa mientras la sed y la indignación crecen en cada rincón de Pujilí.